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Ámsterdam. La exfiscala de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, identificó una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigar posibles crímenes contra la humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad, según un informe desclasificado esta semana, que fue rechazado de forma “contundente y categórica” por Caracas.
El tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) abrió en el 2018 una investigación preliminar por supuestos abusos de derechos del régimen de Nicolás Maduro, especialmente por la violenta represión de las protestas antigubernamentales del 2017 en las que murieron cerca de 100 personas.
Bensouda afirmó en diciembre del 2020 que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad, pero que necesitaba observar si Caracas llevaba a sus responsables ante la justicia.
Su oficina, en un informe emitido cuando Bensouda dejó el cargo en junio, hecho público este martes, llegó a la “conclusión de que las autoridades no quieren investigar ni perseguir de verdad esos casos”.
“Examinada la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente se derivarían de una investigación (en la CPI) de la situación serían admisibles en términos de inacción”, señaló el texto.
“Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la fiscalía, su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos”.
“Se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger personas de responsabilidades criminales”, criticó.
El nuevo fiscal Karim Khan deberá decidir si pide a los jueces abrir una investigación completa al respecto, lo que podría implicar cargos criminales contra individuos vinculados a esa represión, aunque un hipotético juicio podría tardar años en llegar.
‘Buena fe’
Bajo el Estatuto de Roma que rige el funcionamiento de la CPI, la corte tiene autoridad para investigar crímenes ocurridos dentro de países miembros como Venezuela si estos son reticentes o incapaces de hacerlo por ellos mismos.
En base a sus indagaciones, el informe de Bensouda asevera que las fuerzas de seguridad venezolanas y las milicias progubernamentales cometieron crímenes de encarcelamiento, tortura, violación y persecución.
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El texto se centra especialmente en el mal trato de las personas detenidas puesto que había pruebas disponibles de estas acusaciones, pero se pueden profundizar, añadió.
En un comunicado, el fiscal general venezolano Tarek Saab rechazó la actuación de la exfiscal, que llevó a cabo “de manera unilateral y sin tener en cuenta, ni la colaboración efectiva ofrecida de buena fe por nuestras autoridades, ni la documentación presentada, demostrativa de la indiscutible actividad investigadora del Ministerio Público y del Poder Judicial”.
Las autoridades extendieron una invitación al nuevo fiscal Khan para que “compruebe ‘in situ’ los esfuerzos realizados por todas las instituciones venezolanas”, según el texto.
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“Estamos dispuestos a demostrar con hechos la actuación y acción del Estado en esta materia, expulsando los prejuicios y prevenciones que la exfiscala ha demostrado con sus actuaciones parciales”.
Saab anunció en mayo la acusación contra 12 miembros de la Guardia Nacional —cuerpo encargado del orden público—por la muerte de un hombre de 20 años en Caracas en el 2017 tras el impacto de un bote de gas lacrimógeno.
Un policía venezolano fue condenado a 25 años de cárcel también en mayo por la muerte de un joven manifestante durante una protesta contra Maduro en ese mismo año.
