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La oposición de Venezuela intensifica la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Diputados antichavistas emprendieron una gira latinoamericana para reforzar el apoyo internacional y promover el pacto político del líder opositor Juan Guaidó, quien exige elecciones libres y justas.
Los congresistas Olivia Lozano y Williams Dávila visitaron Costa Rica, el primer país en la agenda, con el fin de dar a conocer el Acuerdo de Salvación Nacional impulsado por Guaidó.
“Vemos la oportunidad de abrir el camino hacia un proceso de transición. Estamos promoviendo el acuerdo con nuestros aliados para que conozcan cuál es nuestro plan que tiene como tema fundamental lograr unas elecciones justas, libres y verificables”, explicó Lozano, abogada de 62 años, elegida por el partido Voluntad Popular.
El pacto también contempla la entrada de vacunas contra la covid-19, ayuda humanitaria, estabilidad y garantías para la recuperación económica, la liberación de presos políticos, el regreso de los exiliados y la reinstitucionalización del país.
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La diputada afirma que el apoyo al plan es urgente pues en Venezuela persiste la escasez de alimentos y agua, los servicios básicos presentan problemas y hay inconvenientes con la distribución de vacunas.
“Por ejemplo, con el caso de la vacuna rusa Sputnik que trajo el gobierno, vacunaron como 300.000 personas con la primera dosis, pero la segunda dosis no llegó y ya han pasado 120 días. Entonces se perdió el efecto y se perdió la vacuna”, relató la legisladora.
Guaidó propuso al chavismo el Acuerdo de Salvación Nacional en mayo para establecer un cronograma de comicios presidenciales, parlamentarios y municipales, con la comunidad internacional como garante.
A cambio, el líder opositor ofrece a Maduro y a la cúpula chavista el compromiso de que, de seguir sus lineamientos, se respetarán todos los derechos políticos del chavismo, el inicio de un proceso de justicia transicional y que sean levantadas, progresivamente, las sanciones personales y colectivas que pesan sobre el régimen bolivariano y su partido.
“Vemos la oportunidad de abrir el camino hacia un proceso de transición. Estamos promoviendo el acuerdo con nuestros aliados para que conozcan cuál es nuestro plan que tiene como tema fundamental lograr unas elecciones justas, libres y verificables”.
— Olivia Lozano, diputada opositora de Venezuela
El partido oficialista fue acusado de haber organizado los cuestionados comicios presidenciales del 2018, en los cuales quedó garantizada la reelección de Maduro.
Los legisladores venezolanos tienen previsto continuar la gira por la región con visitas a Perú y Ecuador.
En Costa Rica, sostuvieron reuniones con varios líderes políticos, entre los que destacan el canciller Rodolfo Solano, diputados del Partido Liberación Nacional y los expresidentes Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Óscar Arias.
La visita de los congresistas a Costa Rica también se enmarca en el nuevo intento de diálogo entre representantes de la oposición y del Ejecutivo que dará inicio este viernes en México.
En el encuentro, los opositores pondrán sobre la mesa el pacto de Guaidó con la mira en los comicios regionales que se efectuarán el 21 de noviembre.
En junio, una delegación antichavista viajó a Estados Unidos para discutir el levantamiento progresivo de sanciones en caso de que las negociaciones con Maduro lleguen a buen puerto.
El encuentro, mediado por Noruega, se celebra entre expectativas y temores después de un intento fallido en Barbados en el 2019. Un año antes, hubo otro en República Dominicana, dirigido por el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.
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Apoyo a investigación de la CPI
Los opositores también aprovecharon su viaje a Costa Rica para pedirle al gobierno de Carlos Alvarado el respaldo en la solicitud de la apertura de una investigación ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Maduro por crímenes de lesa humanidad.
“Solicitamos que la Cancillería de Costa Rica manifieste ante el nuevo fiscal general de la CPI, Karim Khan, que se adhiere al proceso de investigación preliminar por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad de Maduro”, comentó el legislador Williams Dávila, abogado de 70 años elegido por el Partido Acción Democrática.
La Fiscalía de la CPI examina la situación de Venezuela desde febrero del 2018, tras las masivas manifestaciones de abril del 2017 que dejaron al menos 125 muertos.
La CPI, con sede en La Haya, Holanda, se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países, incluido Venezuela, que entró en vigor en el 2002.
