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Ciudad de Guatemala. El excandidato presidencial guatemalteco Manuel Antonio Baldizón fue acusado de recibir sobornos de la empresa Odebrecht, en el primer caso conocido en Guatemala de irregularidades ligadas a la constructora brasileña señalada de diversos escándalos en varios países latinoamericanos.
Baldizón fue detenido el sábado en Estados Unidos por irregularidades migratorias detectadas tras la orden de aprehensión en su contra.
Ahora se espera que sea deportado al país centroamericano para enfrentar el proceso por Odebrecht, informaron la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en un comunicado.
La detención se hizo en un aeropuerto estadounidense no identificado.
Estados Unidos le retiró la visa al político el mismo sábado cuando se giró una orden de aprehensión en su contra por el caso Odebrecht, dijo a The Associated Press un funcionario con conocimiento de la investigación y que pidió no ser identificado por ser un caso abierto.
En un comunicado, la Embajada estadounidense en Guatemala indicó que ese país apoya la lucha contra la corrupción en la nación centroamericana y continuará su cooperación para lograr transparencia y buena gobernanza.
“El Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) detuvo al Sr. Baldizón con base en un aviso de Interpol como resultado de una orden de arresto emitido por el Gobierno de Guatemala”, precisó el documento, el cual añadió que se seguirán los protocolos internacionales establecidos para el regreso del Baldizón a su país para enfrentar la Justicia.
Marta Larra, asesora de comunicación de la canciller guatemalteca dijo que el ministerio tiene conocimiento que Baldizón solicitó asilo político en Estados Unidos tras conocerse su orden de detención.
Cargos contra Baldizón
Las autoridades guatemaltecas lo acusan de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero y otros activos, precisó la Fiscalía en el comunicado.
Según las autoridades, Baldizón recibió por medio de testaferros comisiones que pagó Odebrecht por la adjudicación de contratos de construcción de carreteras en el país centroamericano.
Las investigaciones determinaron que el entonces ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi, uno de los líderes del Partido Patriota, habría sido quién organizó los pagos y quien determinó a quién se giraban n los sobornos, entre ellos a Baldizón.
La Fiscalía y la Ciciginformaron de que otras dos personas, ligadas a las transferencias irregulares, fueron detenidas también la noche del sábado tras varios allanamientos.
Caso Odebrecht: MP y CICIG realizan 10 allanamientos que dejan como resultado la aprehensión de tres personas.
— Archivo de la CICIG Guatemala (@CICIGgt) January 21, 2018
El Partido Patriota gobernó entre el 2012 y el 2015, y llevó a la presidencia al general Otto Pérez Molina.
El entonces presidente renunció al cargo en el 2015 luego de que se anunció una investigación en su contra por una defraudación millonaria en las aduanas del país, caso que lo mantiene en prisión desde entonces.
Junto a él también fue detenida la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios miembros de sus gabinetes, todos se han declarado inocentes de los cargos.
Lucha con tensiones
Desde entonces, la Fiscalía y la Cicighan tenido que sortear varios obstáculos para lograr sus objetivos. Uno de ellos fue la tensión surgida con el actual presidente Jimmy Morales, quien llegó al poder con el partido Frente de Convergencia Nacional, fundado y financiado entre otros por militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la guerra.
Morales también ha sido señalado por la Fiscalía por el delito de financiamiento electoral ilícito, pero se libró de la investigación gracias al apoyo que obtuvo del Congreso.
Morales intentó, sin éxito, en agosto del 2017, expulsar del país a Iván Velásquez, titular de la Cicig, por las acusaciones que hizo en su contra.
Aún está pendiente de resolverse en la Corte de Constitucionalidad una solicitud de retiro de inmunidad contra Morales por haber recibido un sobresueldo por $61.000 de parte del Ejército, dinero que tuvo que devolver.
Varios analistas han dicho que temen que la lucha contra la corrupción en el país quede relegada gracias a las alianzas entre políticos que mantiene poder e influencia en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial.
