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Estrasburgo y Madrid. El Parlamento Europeo ya no reconoce al dirigente independentista catalán Oriol Junqueras, condenado en España a 13 años de prisión por el intento de secesión del 2017, como eurodiputado, anunció este viernes la institución, que debe ahora pronunciarse sobre la inmunidad de otros dos líderes.
“El mandato (como eurodiputado) del señor Junqueras i Vies expiró con efecto 3 de enero del 2020”, anunció en una declaración el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, pese al llamado de este a que protegiera su inmunidad.
Sassoli confirmará la decisión al inicio de la próxima sesión plenaria el lunes en Estrasburgo (noreste de Francia), donde serán aceptados -en cambio- el expresidente regional Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín en el hemiciclo.
Los tres habían conseguido su escaño después de una sentencia en diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que los reconocía como eurodiputados desde su elección en mayo, contra la posición de España.
Pero, a diferencia de Puigdemont y Comín, sobre quienes pesa una orden de extradición europea tras marcharse a Bélgica en el 2017 para esquivar la acción de la Justicia española, Junqueras se quedó en España y fue condenado en octubre.
La Eurocámara recordó que la Junta Electoral Central (JEC) de España decidió el 3 de enero anular su mandato de eurodiputado por su condena a 13 años de inhabilitación, una decisión que confirmó el Tribunal Supremo español el jueves.
El político preso, por medio de una carta de la eurodiputada Diana Riba, había pedido en vano en la mañana al presidente de la Eurocámara que protegiera su inmunidad y urgiera a las autoridades españolas a su “liberación”.
"El Parlamento Europeo está obligado a tomar nota sin dilación de las decisiones que con carácter definitivo tomen las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros", precisó Sassoli en su declaración.
El partido de Junqueras, Izquierda Republicana de Cataluña ERC (independentista), anunció que recurrirá la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea (UE) para defender su “inmunidad parlamentaria” y urgió a Sassoli a explicar las “presiones” que recibió.
Presión contra Puigdemont
La decisión de Sassoli se conoció horas después de que un juez del Tribunal Supremo español pidió este viernes al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad de Puigdemont en su calidad de eurodiputado, a fin de que pueda ser extraditado a España y juzgado por el intento de secesión del 2017.
En un auto, el juez instructor Pablo Llarena pidió a la Eurocámara la suspensión de la inmunidad de Puigdemont y de Toni Comín.
En diciembre, Puigdemont y Comín pudieron recoger sus credenciales como parlamentarios europeos, gracias a una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre otro líder separatista catalán, Oriol Junqueras, elegido también eurodiputado en mayo.
En aquel momento, el dirigente, exvicepresidente regional, se encontraba en prisión preventiva y no recibió permiso para cumplimentar los trámites a fin de asumir formalmente su cargo.
En una resolución en diciembre, el alto tribunal europeo le reconoció la condición de eurodiputado desde el momento de la proclamación de los resultados y la consecuente inmunidad, que debería haberle permitido salir de la prisión preventiva.
La decisión no alteró la situación del líder preso, condenado en España en octubre a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por sedición y malversación, pero permitió la toma de funciones de Puigdemont y Comín en la Eurocámara.
Ambos se anotaron una victoria adicional el 2 de enero cuando, según su abogado, un juez belga decidió suspender la orden de detención europea a la espera de que el Parlamento europeo, eventualmente, decida levantarles a ambos la inmunidad, como pide España.
Contraponiéndose al parecer de este juez belga, Llarena pidió este viernes a Bélgica que "deje sin efecto los plazos para resolver sobre las euroórdenes", y ratificó también la orden de detención contra ambos en territorio español, "donde si son arrestados no les alcanzaría la inmunidad".
Llarena recordó que los cargos imputados a ambos, sedición y malversación, “son muy anteriores a su elección y no guardan relación alguna con su actividad en la Eurocámara”.
