Madrid. Cuarenta y cuatro años después de su muerte, el dictador Francisco Franco fue exhumado de su monumental mausoleo cerca de Madrid para reinhumarlo en un discreto cementerio, una operación que generó un debate político y reavivó viejas heridas sin sanar en España.

Tras un procedimiento de extracción de unas dos horas, el ataúd salió de la basílica excavada en la piedra en el Valle de los Caídos en hombros de ocho miembros de su familia, según mostraron imágenes en vivo de la televisión estatal.

El féretro, cubierto con la enseña familiar y una corona funeraria de laurel, fue saludado con un "¡Viva España, viva Franco!" por los allegados, entre ellos Carmen Martínez-Bordiu, personaje muy conocido de la farándula española, y Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco.

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Seguidamente, los restos del general que dirigió España con mano de hierro entre 1939 y 1975 tras su victoria en la Guerra Civil (1936-1939) fueron trasladados en un helicóptero militar al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, al norte de Madrid.

Ya sin cámaras, fue enterrado en una cripta familiar junto a su esposa, Carmen Polo, luego de una misa oficiada por el sacerdote Ramón Tejero, hijo del teniente coronel que lideró un fallido golpe de Estado en 1981, Antonio Tejero.

Este último, de 87 años, fue vitoreado cuando se unió a dos centenares de nostálgicos apostados fuera del cementerio, donde gritaron "Viva Franco" y cantaron el himno de La Falange, partido de inspiración fascista.

“Franco nunca morirá”, manifestó el jubilado Miguel María Martínez.

‘Fin de la afrenta’

"Hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público", se congratuló en una alocución el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El líder socialista hizo de la exhumación una de sus prioridades al llegar al poder en junio de 2018, pero la medida se retrasó por la batalla judicial lanzada por los siete nietos del dictador.

La oposición, tanto de derecha como de izquierda, lo acusó de utilizarla para conseguir réditos electorales a poco más de dos semanas de los comicios del 10 de noviembre, a los que Sánchez llega en una situación comprometida por la semana de disturbios violentos en Cataluña.

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La exhumación ha hurgado en viejas heridas aún sin sanar desde la guerra civil y el franquismo, en un país con más de 100.000 desaparecidos y nombres de pueblos en honor del dictador.

Juan Chicharro, presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, denunció "una guerra ideológica", y afirmó que seguirá luchando para que Franco sea reinhumado en la catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, una posibilidad negada por el Tribunal Supremo español.

"Con esta acción se resuelve" una gran "contradicción" en España, una democracia con cuarenta años y un dictador ocupando un mausoleo en su homenaje, celebró el historiador Nicolás Sánchez-Albornoz, preso en su juventud en el Valle de los Caídos.

Disputa política

Encargada por Franco en 1940, la construcción del complejo duró casi veinte años y en ella participaron miles de presos políticos.

Al lugar, coronado por una enorme cruz de 150 metros de altura, el 'Caudillo' hizo trasladar los cuerpos de más de 30.000 víctimas del conflicto, en nombre de una pretendida "reconciliación" nacional.

Entre ellos había combatientes del bando franquista pero también republicanos sacados de cementerios y fosas comunes sin informar a sus familias.

Desde su muerte en 1975, Franco estuvo en una tumba, siempre adornada con flores frescas, a los pies del altar mayor de la basílica.

El gobierno actuó basándose en una decisión del 2017 del Parlamento español solicitando la exhumación de Franco, que entonces cayó en saco roto por la oposición del ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, del PP, cuyos diputados se abstuvieron.

Desde la adopción en el 2007 por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) de una "Ley de memoria histórica", la derecha acusa a la izquierda de querer reabrir las heridas del pasado.

Rajoy, en el poder entre el 2011 y el 2018, presumía de no haber gastado un euro para aplicar esta ley destinada a retirar los vestigios de la dictadura, identificar decenas de miles de cadáveres todavía enterrados en fosas comunes y reparar la memoria de los republicanos vencidos y condenados por el franquismo.