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Nueva York. Fiscales estadounidenses anunciaron el jueves cargos de narcotráfico contra el exjefe de la Policía Nacional hondureña Juan Carlos Bonilla Valladares, el Tigre, a quien acusan de usar su posición de poder para facilitar el tráfico de cocaína de grupos conectados con el actual presidente de Honduras.
La acusación se anunció por medio de un comunicado de la Fiscalía del distrito sur de Nueva York el cual asegura que Bonilla incluso ordenó el asesinato de un traficante rival para proteger las actividades de narcotráfico que beneficiaban al mandatario Juan Orlando Hernández y a su hermano Tony Hernández, que fue declarado culpable de tráfico de drogas en un juicio en Nueva York.
El comunicado no menciona al presidente por su nombre, sino por su cargo. Bonilla no ha sido arrestado.
“Tal y como se dice aquí, en nombre del acusado excongresista Tony Hernández y de su hermano, el presidente, Bonilla Valladares controló el cargamento de múltiples toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usó ametralladoras y otras armas para lograr eso y participó en extrema violencia”, expresó en el comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Geoffrey Berman.
La acusación formal asegura que durante años narcotraficantes pagaron sobornos a políticos y miembros de la Policía, incluido Bonilla, para que aseguraran que sus operaciones de tráfico de drogas fluyeran sin problemas.
En Honduras, Bonilla declaró a medios locales que él no ha sido mandadero de nadie.
“Me siento completamente ofendido en mi dignidad porque no soy ningún traficante de drogas. Cuando yo fui director a ningún político le cumplí órdenes”, expresó Bonilla, que fue director general de la Policía Nacional desde mayo del 2012 a diciembre del 2013.
Desmintió las acusaciones hechas por los fiscales y afirmó estar dispuesto a comparecer en cualquier instancia para demostrar su inocencia.
“Yo no he sido, ni seré un conspirador con alguien a quien están acusando de narcotráfico, se los digo con el respeto que le tengo al mandatario (Juan Orlando Hernández). Cada quien responde por sus acciones. Yo en ningún momento he estado involucrado con su familia o con él”, indicó.
El mandatario de Honduras ha sido mencionado repetidamente en las acusaciones de la fiscalía contra hondureños que supuestamente participaban en el tráfico de drogas, pero la Fiscalía no ha acusado formalmente al presidente Hernández, que ha negado constantemente los alegatos.
En octubre, un jurado declaró culpable de tráfico de drogas a Tony Hernández en un juicio que salpicó al mandatario, ya que los fiscales aseguraron que el presidente recibió fondos de narcos para financiar sus campañas electorales y comprar los votos de diputados para lograr ser presidente del Congreso y más adelante del país.
El año pasado, los fiscales acusaron al presidente de usar $1,5 millones del tráfico de drogas para lograr ganar la Presidencia en el 2013.
Portavoces del gobernante no respondieron de forma inmediata a las acusaciones del jueves.
Cuando fue nombrado director de la Policía hubo informes internos que acusaron a Bonilla de haber liderado escuadrones de la muerte. Se lo acusó de al menos tres asesinatos o desapariciones forzadas entre 1998 y el 2002. Después fue juzgado por un asesinato, pero no fue inculpado.
Tras llegar Hernández a la Presidencia, Bonilla fue destituido de su puesto como jefe de la Policía.
Dana Frank, profesora de Historia en la Universidad de California Santa Cruz y quien ha escrito de forma extensa sobre la corrupción en Honduras, señaló que el pasado de Bonilla en escuadrones de la muerte era sabido por funcionarios estadounidenses que continuaron trabajando con él.
“Está muy claro que Estados Unidos ha sabido todos estos años con quién estaban trabajando. Pero decidieron mirar hacia otro lado. Y decidieron financiar este gobierno (de Honduras) y sus fuerzas de seguridad”, dijo Frank.
Si es declarado culpable, Bonilla enfrenta una pena mínima de 30 años en prisión y un máximo de cadena perpetua. Se espera que Tony Hernández sea sentenciado por un juez en junio.
Su hermano, el presidente, ha apoyado a la administración de Donald Trump, que ha presionado a Honduras para frenar el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos.
