La Haya. Una crisis existencial amenaza los afelpados pasillos de la Corte Penal internacional (CPI), objeto de duras críticas tras la espectacular absolución del expresidente marfileño Laurent Gbagbo de los cargos de crímenes contra la humanidad.
Esta absolución total del exdirigente político, por presuntos crímenes cometidos durante la crisis postelectoral del 2010-2011 –violencia que causó más de 3.000 muertos en Costa de Marfil– es el último de los reveses que sufre la fiscala de la CPI.
La Corte, fundada en el 2002 con la noble y firme intención de condenar las peores atrocidades cometidas en todo el mundo, está acusada de centrar sus investigaciones en el continente africano.
La absolución de Gbagbo “compromete la confianza en la capacidad de la acusación en lanzar acciones judiciales contra responsables por casos de atrocidades” opinó Carsten Stahn, profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Leiden.
En junio del 2018, la CPI absolvió al exvicepresidente congoleño Jean-Pierre Bemba, condenado en primera instancia a 18 años de prisión por crímenes cometidos por su milicia en República Centroafricana entre el 2002 y el 2003.
En el 2014, la fiscala de la CPI, Fatou Bensouda había abandonado, por falta de pruebas, las acciones judiciales contra el presidente keniano, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad.
“Lo de Kenyatta y Bemba fueron advertencias. Lo de Gbagbo confirma el panorama”, agregó Stahn, para quien “hay que llevar a cabo investigaciones más profundas”."Al atacar inmediatamente a altos responsables, existe un importante riesgo de perder los casos", explicó.
La CPI ha tenido en efecto más éxito al perseguir a sospechosos de crímenes de guerra de rango inferior, como los exjefes de guerra congoleños, Thomas Lubanga y Germain Katanga, o el yihadista malí Ahmad al-Faqi al-Mahdi, condenado por destrucciones de mausoleos en Tombuctú.
“Es falso evaluar el índice de éxito de una corte criminal por la proporción de condenas”, consideró Marta Bo, especialista de Derecho Internacional en el instituto Asser, en La Haya.
Para Bo, la CPI aplica “rigurosamente” el principio de presunción de inocencia.
Pero la absolución de Gbagbo deja abiertos “serios interrogantes sobre la capacidad de la CPI para llevar ante la justicia a dirigentes de Estados”, afirmó Mark Kersten de la Universidad de Toronto.
Los observadores coinciden, sin embargo, en destacar un punto positivo pese a las inquietudes que ha suscitado la debacle de la acusación en el caso Gbagbo."La decisión hace menos creíble la afirmación de que la CPI es parcial contra África. En cambio, ha demostrado que aplica normas de equidad frente a los acusados", manifestó Carsten Stahn.
Pero la legitimidad de la Corte está amenazada a otros niveles, en especial en la esfera política internacional.
El jefe de Estado sudanés, Omar El Beshir, acusado de crímenes de guerra y genocidio por la CPI, cometidos durante el conflicto en Darfur, escapa desde hace años a la Justicia internacional. Estados miembros de la CPI han rehusado detenerlo cuando Beshir se hallaba en sus territorios.
El hecho de que no tenga su propia fuerza de policía es un recurrente obstáculo para la Corte, que depende así de la buena voluntad de los Estados en lo referente a la detención de los sospechosos.
La administración estadounidense de Donald Trump podría ensombrecer aún más la situación, al proseguir en su vía cada vez más aislacionista. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton advirtió el año pasado de que su país detendría a los jueces de la CPI si emprenden acciones judiciales contra militares norteamericanos por presuntos crímenes de guerra en Afganistán.