Tegucigalpa. ACAN-EFE, AFP. El sistema penitenciario de Honduras es “deshumanizado, paupérrimo y corrupto”, con cárceles que “son totalmente contrarias a la dignidad humana”, destacó un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido ayer en Tegucigalpa.
Al presentar el texto, el relator sobre Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, consideró “imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras en todas las ramas de Gobierno (...) reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda ” del sistema.
El documento lo entregó en la Casa Presidencial, en un acto oficial al que asistió, entre otros altos funcionarios, el vicepresidente Víctor Hugo Barnica, quien reconoció que lo expresado por la CIDH “es cierto”, pero “no todo es culpa del Gobierno”.
En una primera reacción al informe, el encargado de las prisiones, el excomisionado policial Simeón Flores, dijo que el documento contiene conceptos que se conocían, pero que no se pueden solucionar por falta de recursos.
“¿Qué podemos hacer si hasta debemos cinco meses de comida y los proveedores ya no nos van a seguir dando crédito?”, arguyó.
La CIDH resaltó que el principal problema de las cárceles, colapsadas por la sobrepoblación , es el autogobierno cedido a los reclusos y justificado por las autoridades en la falta de personal.
Tal decisión, agregó el informe, deriva en toda clase de abusos y extorsiones internas y permite que desde la cárcel se planifiquen secuestros y otros crímenes.
Grave crisis estructural. El legajo de la CIDH puntualizó que “la grave crisis estructural que atraviesan las cárceles de Honduras es el resultado de la ausencia, durante décadas, de políticas integrales orientadas a lograr que el sistema penitenciario cumpla con los fines que establece la Convención Americana de Derechos Humanos ”.
Esta señala la reforma y readaptación social de los condenados, lo que no ocurre en Honduras, donde las cárceles son consideradas “universidades del crimen” y una bomba de tiempo por el alto grado de inseguridad que impera en la mayoría de las 24 prisiones del país.
Escobar Gil expresó que “es imprescindible que haya una adecuada asignación presupuestaria que haga operativas las instituciones penitenciarias”.
“Es inadmisible –manifestó el relator– que las autoridades del Estado digan que estas obligaciones deben ser financiadas por donantes privados o por la cooperación internacional. Estos problemas son responsabilidad del Estado y es su deber asignar los recursos suficientes”.
Condiciones infrahumanas. Escobar Gil y su comitiva fueron recibidos ayer por el presidente Porfirio Lobo, quien se sorprendió cuando el relator de la CIDH le comentó que el presupuesto para la alimentación diaria de los casi 12.500 reos fue recortado de 11 a ocho lempiras (de $0,53 a $0,39).
El trabajo también enumera una sobrepoblación superior al 40%, condiciones deplorables de higiene y salubridad, falta de asistencia médica, de provisión adecuada de alimentos y agua potable, y la ausencia de separación de reclusos según los delitos.
El trabajo de la CIDH lo elaboró una misión de siete expertos que visitó Honduras del 23 al 27 de abril del 2012.
La misión de la CIDH visitó el país dos meses después de una de las mayores tragedias carcelarias del mundo: el incendio en el penal de Comayagua (70 km al norte de Tegucigalpa), cuando murieron 362 reclusos.