Tel Aviv. La devastadora guerra entre el ejército israelí y la organización islamista palestina Hamás cumple este domingo tres meses y no parece que se vaya a terminar a corto plazo, y es que no solamente hay numerosos interrogantes sobre el futuro en la Franja de Gaza después del conflicto sino del propio Israel, en especial de su primer ministro, Benjamín Netanyahu.
Y es que sin duda la que pasó fue una semana complicada para Netanyahu, su coalición de gobierno y su polémica reforma judicial. El lunes, los jueces de la Corte Suprema enterraron una disposición medular de dicha reforma.
El tribunal anuló la disposición que preveía privar al poder judicial del derecho a decidir sobre la “razonabilidad” de las decisiones del gobierno o de la Knéset. En su fallo, emitido con una mayoría de ocho contra siete, el Tribunal Supremo explicó que eso habría supuesto un “daño grave y sin precedentes a las características fundamentales de Israel como Estado democrático”.
Posteriormente, el miércoles, los jueces decidieron postergar hasta la próxima legislatura la entrada en vigor de una reforma legal, aprobada en marzo de 2023, que dificulta la destitución de un jefe de gobierno.
Seis de once magistrados votaron a favor del aplazamiento. Como justificación, se indicó que la ley había sido hecha a la medida de una persona determinada y el Parlamento había hecho mal uso de su facultad.
Las decisiones del Tribunal Supremo volvieron a encender el debate sobre la reforma judicial impulsada desde comienzos de año pasado por el Gobierno y que causó profunda división y polarización en Israel.
Lo cierto es que pese a que representantes del Gobierno expresaron duras críticas al fallo, a pesar de todo, parece haber consenso en que todo el asunto se pospondrá para después de la guerra, la clave en última instancia del futuro de las partes involucradras.
La jurista profesora Suzie Navot, vicepresidenta de Investigación del Instituto israelí de democracia, explica que “las dos enmiendas pretendían quitar del camino limitaciones para que el gobierno pueda actuar contra las normas e impedir que la Suprema Corte intervenga”, explica.
Por ahora, en términos de la guerra, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, desveló el jueves las principales directrices de un primer plan para “después de la guerra” en Gaza, que aún debe ser examinado por el gabinete de guerra de Netanyahu. Según el borrador, la ofensiva israelí en Gaza “continuará” hasta el “retorno de los rehenes” y el “desmantelamiento de la capacidad militar y de gobierno de Hamás” y “la eliminación de la amenaza militar” en ese territorio palestino, explicó Gallant.
Una vez se termine la ofensiva, en la posguerra “Hamás ya no controlará Gaza”. Así se pondrá punto final, según el plan israelí, a más de 16 años de gobierno de la organización islamista palestina en Gaza.
“No habrá una presencia civil israelí en Gaza después de que se hayan alcanzado los objetivos de la guerra”, aseguró el ministro, quien precisó que el ejército del Estado hebreo mantendrá “su libertad de acción” para frenar cualquier posible “amenaza”. “Los habitantes de Gaza son palestinos. Por consiguiente, las entidades palestinas llevarán las riendas con la condición de que no haya ninguna acción hostil o amenaza contra el Estado de Israel”, añadió Gallant, sin dar más detalles sobre qué grupo palestino podrá gobernar en la Franja.
No obstante, para el ministro de Seguridad Nacional israelí, el derechista radical Itamar Ben Gvir, el retorno de los colonos judíos en Gaza después de la guerra es necesario y “pidió” a la población palestina que emigre a otros países árabes. A su vez, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que también forma parte del ala más dura del Ejecutivo, hizo unas declaraciones parecidas.
De ahí que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, dijo estar “muy preocupado por las declaraciones de altos cargos israelíes sobre los proyectos de transferencia de civiles de Gaza hacia países terceros”.
A diferencia de Cisjordania ocupada, Israel retiró en 2005 sus 8.000 colonos de Gaza, pero desde 2007 sometió a un estricto bloqueo al enclave.
Las dificultades de Netanyahu
Netanyahu, en funciones desde el 2009, con una corta interrupción de algo más de un año, hace mucho que batió el record del fundador de Israel, David Ben Gurion, de ser el gobernante con más tiempo en funciones.
Pero, con una declaración de guerra tras el inédito ataque de Hamás el 7 de octubre que dejó más de 1.400 personas muertas y alrededor de 200 secuestrados, las dificultades inherentes a su cargo se multiplicaron.
¿Cómo pudo suceder? ¿No era Israel el ejército más fuerte de la región? Por qué a una falla de inteligencia se sumó una operativa? Esta es sólo una ínfima parte de las preguntas a las que deberá responder después de la guerra. Pero, “primero hay que ganarle al enemigo, salir victoriosos en esta guerra”, dice el primer ministro al agregar que, después de eso, “muchos deberán dar respuestas. Incluso yo”.
Eso es lo más lejos que ha ido por ahora Netanyahu en cuanto a la toma de responsabilidad que provocaron el ataque de Hamás y por las que gran parte de la población considera que él, como jefe del sistema, tiene que rendir cuentas.
“Debería estar claro que quien está al frente carga con la mayor responsabilidad”, sostiene Adi Carmi, analista de seguridad que además tiene en su haber una trayectoria de muchos años como Alto oficial en el Shin Bet, el Servicio de Seguridad. “No quiero opinar sobre temas políticos, pero es evidente que Netanyahu es también el jefe máximo de las Fuerzas de Defensa de Israel y, como tal, debe responder”, dijo Carmi a este diario.
Por ahora, Netanyahu no da señales de tener intención ninguna de dimitir, incluso después de la guerra. Y, mientras tanto, los desafíos de seguridad no hacen menos que multiplicarse.
Y es que el primer ministro israelí lidia con duras críticas y presiones a nivel internacional debido a la gran cantidad de muertos en la Franja de Gaza, que se estima en 22.600.
Uno de los serios problemas del manejo de la guerra en curso es que sus dos principales objetivos –la destrucción de la infraestructura armada de Hamás y la recuperación de los secuestrados – parecen a veces un tanto contradictorios.
“Esta es una lucha entre el corazón y la mente”, explica Ariel Merari, profesor emérito de psicología de la Universidad de Tel Aviv, experto en terrorismo y violencia política. “La presión de los familiares de los secuestrados sobre el gobierno muestra a Hamás cuán sensible es la sociedad israelí a la vida de su gente , y eso es problemático para un acuerdo. Estimo que si yo tuviera un familiar secuestrado, actuaría igual, pero para las negociaciones, es contraproducente”.
Entre tanto, al surgir la oportunidad de asestar un golpe especialmente duro a Hamás, Israel intenta aprovecharla, lo cual ocurrió al parecer el martes en Beirut, al ser eliminado Salah el-Aruri, número dos en el departamento político de Hamas aunque su rol en realidad era absolutamente militar y de gran importancia. Israel no lo reivindicó pero en la región se le atribuye claramente la autoría del ataque.
Esto agrega interrogantes acerca de cuál será la continuación de la escalada con la organización chiíta libanesa Hezbolá, brazo de Irán en Líbano, que tenía estrecho vínculo con El-Aruri y prometió vengarlo. Ello se agregaría, de todos modos, a los ataques de Hezbolá desde el 8 de octubre hacia territorio israelí, a lo que Israel responde con fuerza.
Han sido destructivos pero se sabe que la envergadura de la guerra con Hezbolá podría ser mucho mayor aún, tomando en cuenta la dimensión de su poderío militar, mucho mayor que el de Hamás.
A todo esto se agrega la situación interna. El desafío que se presenta a la coalición de Netanyahu es que si quiere impedir que los jueces intervengan en leyes fundamentales, que deben ser consideradas antesala de una futura Constitución, debe determinar en forma ordenada, en legislación, una mayoría especial y un proceso digno para promulgar esas leyes y no como ahora, que llevan el nombre de “fundamental” pero se promulgan igual que cualquier otra ley.
Los desafíos son múltiples. A juzgar por los sondeos, parece claro que el pueblo exigirá ir a las urnas después de la guerra con la esperanza de cambiar al Gobierno. El tiempo dirá.
El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias
