EscucharMadrid (DPA). La intención del gobierno español de crear una comisión de propiedad intelectual que permita bloquear páginas de Internet que alojen o faciliten sin permiso enlaces de archivos sujetos a derechos de autor como películas, canciones o videojuegos está causando una fuerte polémica en el país.
Las protestas que la iniciativa antipiratería ha generado por parte de internautas y profesionales de la red obligaron hoy al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a terciar en el asunto.
En unas declaraciones que algunos interpretaron incluso como una rectificación, el jefe del Ejecutivo afirmó: "No se va a cerrar nada, ninguna página web ni ningún blog". Al mismo tiempo, se mostró dispuesto a modificar la normativa si fuese necesario.
"Si hay que aclarar algo desde el punto de vista de la redacción (de la norma) se hará. Y les voy a dar mi opinión: ha de prevalecer siempre la libertad de expresión", añadió.
Horas antes, la ministra de Cultura, μngeles González-Sinde, se había reunido con algunos de los "gurús" de Internet de España, pero el encuentro, descrito como "tenso" por los asistentes, no sirvió para acercar posturas.
De hecho, los blogueros invitados salieron de la reunión enojados y decepcionados, según relataron luego a la prensa.
"Salgo más preocupado de lo que vine", declaró Ignacio Escolar, ex director del diario "Público" y autor del blog "Escolar.net". En sus palabras, la medida que prepara el Ministerio de Cultura permitirá el cierre de sitios web no sólo de España, sino también de páginas alojadas en servidores en el extranjero.
El punto más polémico de la normativa, que aún debe ser desarrollada, es que prevé la posibildad de que la mencionada comisión de propiedad intelectual interrumpa el acceso a Internet de los usuarios sin necesidad de una orden judicial.
Además, la disposición, que forma parte del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible aprobado por el gobierno la semana pasada, quiere obligar a los operadores de Internet a "facilitar los datos" de aquellos internautas que presuntamente hacen descargas piratas, vulnerando los derechos de autor.
"Si se pone en marcha esa comisión, el Internet que veremos en España no será el mismo que en Francia o Estados Unidos. Me parece peligrosísimo, es algo que hacen China o Cuba, no los países democráticos", denunció Escolar.
"No se puede vulnerar un derecho básico sin el derecho a un juicio, ni convertir en administrativo algo tan serio como cerrar una página web", agregó.
La ministra consideró que la reunión fue "muy positiva, importante e interesante" y prometió que habrá más encuentros para tratar de limar asperezas. La medida, afirmó González-Sinde, "busca afrontar la oferta ilegal, de ninguna manera perseguir al usuario".
Para Enrique Dans, experto en Internet del prestigioso Instituto de Empresa, el polémico anteproyecto supone un "auténtico golpe de Estado digital que no tiene nada que ver con las descargas de música, ni con el P2P (puerto a puerto)". Más bien "es un intento por controlar la información, poder silenciar las opiniones que no nos interese oír y callar a las voces discordantes", criticó en el diario "El País".
Dans, quien firmó un manifiesto contra la norma que ya ha sido publicado en más de 100.000 páginas web, se mostró enfático, al acusar al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de plegarse a los intereses de "los talibanes de los derechos de autor".
En el otro extremo están los que defienden la controvertida norma, capitaneados por la industria cultural y apoyados por miles de artistas y creadores, quienes temen o ya sufren graves pérdidas por la piratería.
De hecho, el pasado martes unos 2.500 músicos firmaron ante el Ministerio de Industria un manifiesto en favor de la defensa de los derechos de autor.
Y la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, que llevó las negociaciones con el gobierno, considera que la norma se adapta a la legislación de la Unión Europea (UE). "¨Qué abogado estaría en contra de cerrar una tienda ilegal? Eso es al fin y al cabo lo que promulga la ley", sostuvo el portavoz de la asociación, Joan Navarro.
También la industria discográfica, agrupada en la asociación Promusicae (Productores de Música de España), respalda la normativa, si bien reclama incluso medidas más drásticas, como perseguir a los usuarios de programas de intercambio de archivos P2P que pirateen contenidos, tal y como sucede en países como Francia, Reino Unido o Japón.
