Santiago . El general Augusto Pinochet aplazó la entrega del mando del Ejército, molesto por el juicio político en su contra, que ayer dio inicio en la Cámara del Congreso y por una campaña para impedir que asuma como senador vitalicio.
El gobierno del presidente Eduardo Frei se apresuró a decir que no siente ninguna preocupación y que la decisión se enmarca en las facultades del general.
No obstante, según analistas el expresidente de facto, un veterano del ajedrez político chileno, lució nuevamente dotes de general estratega y echó por tierra el que debía convertirse en un éxito del gobierno centro izquierdista de Frei: su retiro anticipado de las filas del Ejército.
Pinochet, 82 años, de los cuales 64 vestido de uniforme, comunicó al Ministerio de Defensa que no dejará el puesto castrense el 26 de enero entrante, y anunció que el trámite, transcurrido un cuarto de siglo desde que tomó el poder, se cumplirá al final del plazo legal, el 10 de marzo, reveló el senador oficialista Andrés Zaldívar.
En tanto, partidarios y rivales del general Augusto Pinochet se enfrentaron ayer a gritos en las tribunas de la Cámara de Diputados y obligaron a la suspensión del juicio político para evaluar la actuacion del militar en el período de transición a la democracia.
La Cámara había sido citada para ayer en la tarde con el objeto de que analizara la actuación del general después que dejó el poder tras 16 y medio años de gobierno dictatorial y en medio de creciente intranquilidad debido a los intentos de sus rivales por iniciarle un juicio político.
Luego de comenzar la sesión, los 600 manifestantes en las graderías lanzaron gritos que impidieron a los diputados hablar.
En consecuencia, el presidente de la mesa, Gutemberg Martínez, ordenó a la policía sacar a los revoltosos. Sin embargo, la mayoría se negó a salir, por lo que Martínez detuvo temporalmente la sesión.
Denso ambiente
El parlamentario Zaldívar anunció la postergación del retiro de Pinochet en un programa del canal estatal de televisión antenoche y ayer señaló que la decisión es "una indiscutida" protesta del mundo militar por la lluvia de ataques civiles contra el exdictador.
"Aunque la estabilidad democrática no está en riesgo" y el cambio de ideas no rompe el marco constitucional, la situación "es delicada y mala para el país, el Gobierno y el Ejército", advirtió Zaldívar, quien evocó antiguas señales de malestar militar que estremecieron la gestión del exmandatario Patricio Aylwin (1990-1994), la primera administración civil tras el fin del régimen pinochetista de mano dura (1973-1990).
Las colectividades de la oficialista Concertación de Partidos por la Democracia, dominada por socialistas y democratacristianos, decidieron el lunes mantener (sin precisión de fecha) su plan de acusar a Pinochet por delitos contra "la seguridad y el honor" del país, por sus supuestas deliberaciones al borde de la desobediencia frente al poder civil.
Líderes concertacionistas pidieron "la cárcel" para el general y dijeron que el propuesto libelo, en el seno de la Cámara de Diputados, debe frustrar la nominación de Pinochet como senador vitalicio, la calidad que la Constitución reserva para los expresidentes de la nación.
El gobierno de Frei declaró inoportuna y carente de base jurídica la acusación constitucional, al tiempo que describió el ahora frustrado retiro anticipado de Pinochet como un tranquilo final del cronograma de transición a la democracia plena desde el fin de su largo régimen autoritario, plagado de crímenes políticos, represiones masivas y violaciones a los derechos humanos.