El mandatario lanzó su promesa en referencia a que la mina donde ocurrió el drama carecía de las dos vías de escape que exige la legislación minera.
Piñera adelantó que en las próximas semanas anunciará “un nuevo trato con los trabajadores” que incluirá una revisión de la legislación laboral y de procedimientos y estándares de fiscalización “para ponerlos al nivel de los países más desarrollados”.
Además, el Gobierno y los mineros deberán ahora decidir qué hacer con los elementos que se han convertido en un símbolo del exitoso rescate y, en especial, con el campamento Esperanza, levantado en las cercanías de la mina San José.
“Eso va a significar un cambio muy radical en la forma de trabajar en la minería, la construcción, la pesca, el transporte y el campo”, adelantó el político.
Los dos dueños de la mina aún aseguran que las condiciones de trabajo eran buenas, pero Piñera aseguró: “Aquí no va a haber impunidad y ya están trabajando la Justicia en un juicio, el Gobierno en materia de procedimientos administrativos. Estamos usando todos los mecanismos para que las responsabilidades queden claramente establecidas y los responsables asuman las consecuencias”.
Sin embargo, sus palabras, con el antecedente de varias huelgas en el sector público este año, apuntaron a que la nueva agenda laboral del Gobierno deberá sortear una serie de dificultades.
Por una parte, la reforma prometida deberá ser aprobada en el Congreso y, por otra, conciliar los intereses de los sectores sindicales y empresariales, además de estar en línea con las normativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de la cual Chile es miembro.
La entidad tiene como objetivo coordinar políticas económicas y sociales de sus miembros.
Uno de los temas por discutir es si la reforma se centra solo en aspectos de seguridad laboral o si, además, servirá para abrir un debate mucho más amplio sobre la sindicalización y las remuneraciones de los trabajadores.
Piñera, ante toda la prensa del planeta, habló algunos pocos temas de seguridad, pero los sindicatos desean un debate sobre las prácticas antisindicales.