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Bogotá (AFP). El archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia vive del turismo y la pesca, pero desde hace una semana prácticamente las faenas están paralizas a raíz de la delimitación marítima que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) hizo al resolver una demanda de Nicaragua.
El temor es a la reacción de las autoridades de Nicaragua , porque "si antes del fallo se presentaban problemas ahora nos pueden detener en el camino mientras llegamos a (los cayos) de Serrana y Quitasueños", dijo en declaraciones telefónicas a AFP Manuel Cubillos, presidente de la cooperativa de pescadores artesanales de San Andrés.
Los más afectados son los pescadores artesanales que derivan el sustento diario para sus familias de los peces y langostas que logran sacar de esas aguas que, según recuerdan, desde hace 200 años eran de Colombia.
"Ahora nos las quitaron y por eso tenemos miedo de salir a pescar, no se está faenando", agregó Cubillos, un hombre de 50 años de los cuales 35 ha dedicado faena diaria.
El pasado 19 de noviembre la CIJ resolvió una disputa entre Bogotá y Managua por el archipiélago de San Andrés, al determinar que todas las islas, islotes y cayos corresponden a Colombia, a la vez que trazó una nueva delimitación marítima que otorga a Nicaragua mayor soberanía sobre aguas del mar Caribe, en un fallo inapelable.
Con la delimitación, Serrana y Quitasueños quedaron enclavadas dentro de las nuevas aguas nicaraguenses, lo que el gobierno colombiano rechaza y considera un error de la Corte al haber "fraccionado" la unidad del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo que prevé pedirle al tribunal aclaraciones.
"Lo de Nicaragua ya está perdido. Los de La Haya (la CIJ) no vinieron a consultarnos y ver qué pasaba aquí. Esas aguas fueron nuestras durante 200 años", se lamenta Manuel Cubillos, quien asegura que antes del fallo los pescadores salían a faenar hasta a 50 millas de las costas de San Andrés.
La situación de los pescadores artesanales de la cercana isla de Providencia es la misma, describió Rossana Torres, gerente de la cooperativa de pescadores de la isla, y quien a diferencia de Manuel Cubillos pide que el presidente Juan Manuel Santos desconozca el fallo del tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
"El 70% de la pesca de Providencia proviene de las aguas de Serrana y Quitasueños (cayos más próximos a esa isla que a San Andrés)", señaló Torres para evidenciar la gravedad de la situación en sus declaraciones telefónicas a la AFP.
Explica el miedo que ahora tienen los pescadores de ir hasta allá: "si los coge un barco nicaraguense en el camino van a decir que estaban en las aguas de su jurisdicción, porque ahora tienen que pasar por ellas para llegar hasta esos cayos, cuyas 12 millas náuticas a su alrededor son de Colombia", según el fallo.
"Los pescadores tienen miedo y no se atreven", insiste, tras recordar que prácticamente todos los 5.000 habitantes de Providencia viven de la pesca.
Para el próximo año las autoridades de San Andrés y Providencia "tenían" previsto una cuota pesquera de 150 toneladas de langosta, 495 de diferentes tipos de pescado y 18 de caracol limpio, cifra que ahora no podrán alcanzar, dijo a la AFP Marcela Sjogreen, secretaria de Agricultura y Pesca del archipiélago.
"Nosotros rechazamos este fallo absurdo. Si se acata es en detrimento de los habitantes de la isla", agregó en declaraciones telefónicas desde San Andrés, que cuenta con unos 74.000 habitantes.
Las autoridades del archipiélago junto con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos están estudiando alternativas para atender el clamor de los pescadores que "son los que le dan el alimento a gran parte de la población", dijo la funcionaria.
