EscucharEn un paso hacia un eventual acuerdo de paz con la guerrilla, las principales fuerzas políticas de Colombia acordaron ayer dotar de poderes extraordinarios al presidente Andrés Pastrana para perdonar a rebeldes, facilitar su reinserción en la sociedad y permitir su acceso a cargos públicos.
El ministro del Interior Néstor Humberto Martínez dijo que el martes se presentará al Congreso el proyecto de reforma constitucional que, entre otras cosas, permitirá al presidente anular sentencias judiciales contra guerrilleros.
Con estos poderes, el presidente Pastrana podría negociar con la guerrilla la liberación de por lo menos 245 policías y militares y 180 civiles secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Las Farc propusieron canjear a los militares y policías por guerrilleros presos, condenados o acusados de rebelión, secuestro, asesinato y otros delitos.
Consenso absoluto
"Hubo consenso absoluto de todos los grupos de ofrecer todos los instrumentos que sean necesarios para que el Jefe del Estado conduzca y concluya estos acuerdos'', dijo el ministro del Interior al concluir ayer de madrugada una reunión de Pastrana con dirigentes de la coalición de gobierno, de la oposición y grupos independientes.
La reforma constitucional incluirá también nuevas medidas para combatir la corrupción, especialmente en el Congreso.
"Hay todavía discrepancias sobre esta reforma'', expresó el presidente de l Congreso Fabio Valencia después de concluir la reunión. "El único acuerdo es que hay que reformar profundamente el Congreso''.
Entre los temas propuestos figuran la modificación del sistema de elección a las cámaras legislativas, financiación estatal de las campañas electorales y voto obligatorio transitorio.
El gobierno y los representantes de las fuerzas políticas trabajarán en jornada continua hasta el martes para dejar listo el texto de la reforma constitucional, que debe ser aprobada en primera vuelta en diciembre y en segunda vuelta en junio de 1999.
Confiscación de bienes
Casi dos años después de promulgarse la ley que permite al Estado confiscar las riquezas de los narcotraficantes, un juez de Bogotá dictó la primera sentencia que extingue el dominio de 14 propiedades de un narcotraficante del cartel de Medellín, valoradas en 20.000 millones de pesos (12,9 millones de dólares).
La sentencia publicada el viernes entrega a la Dirección Nacional de Estupefacientes, una oficina del ministerio de Justicia, los bienes que pertenecían a Jairo Correa Alzate, quien cumplió una condena por narcotráfico.
La Dirección de Estupefacientes puede ahora vender las haciendas rurales y otros predios que pertenecieron al narcotraficante para invertir el dinero en la lucha contra el narcotráfico, programas de rehabilitación de drogadictos y de reforma agraria. AP
