Este es el segundo paro general que enfrenta en cuatro meses el gobierno del presidente Hugo Chávez, en medio de la convulsión por un severo conflicto laboral que amenaza la estabilidad de PDVSA, la mayor generadora de ingresos del país y una de las principales productoras de crudos del mundo.
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La ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, calificó como ilegal el paro, debido a que no se han cumplido los parámetros legales para su ejecución, y sostuvo, durante una cadena de radio y televisión, que los empleados y empresas que acaten la huelga se colocarán al margen del Estado de derecho.
Si este tipo de paro llegara a "generalizarse en todo el país (...) resulta que reinaría un estado de caos, un estado de desorden, y ¿cómo podría garantizarse, entonces, la seguridad de las diferentes empresas?", inquirió la Ministra.
Iglesias calificó como subversivo el paro general porque pretende subvertir el orden de lo que rige legalmente en Venezuela.
El vicepresidente, Diosdado Cabello, declaró que el Gobierno no va caer por la huelga, y descartó la posibilidad que pueda presentarse una paralización general similar a la que ocurrió el pasado 10 de diciembre.
Cabello agregó que la seguridad pública está completamente garantizada, y que las policías y la Guardia Nacional van a estar en las calles para preservar la seguridad ciudadana.
El jefe militar, general Lucas Rincón, ordenó reforzar la seguridad en las instalaciones petroleras en previsión de posibles desórdenes públicos.
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