Bukele dijo la semana pasada que la liberación “condicional” o “anticipada” podría alcanzar al 50% de unos 10.000 casos de detenidos que el gobierno identifica como colaboradores “casuales”, que no pertenecieron a la estructura de las bandas criminales.
Grupos humanitarios calificaron de “discrecional” la medida y advierten que podría hacer que inocentes se inculpen para obtener ese beneficio.
“Los inocentes no tienen que ser condicionados, no tienen que entrar en un proceso abreviado, no tienen que confesar ningún delito (...) ni siquiera son colaboradores”, dijo en rueda de prensa Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.
La organización Socorro Jurídico calcula que son inocentes una tercera parte de los 93.000 detenidos en cuatro años y medio del régimen de excepción que impuso Bukele en su ofensiva contra las pandillas.
Para Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, el plan de liberación “anticipada” busca “silenciar” y “doblegar” a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Si se declaran culpables, sus casos no puedan ser presentados ante instancias internacionales de justicia, advirtió.
Los grupos sostienen que la medida vulnera la presunción de inocencia y evidencia la falta de independencia entre los poderes del Estado.
Bukele “está invadiendo facultades que no le competen”, añadió Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas, al señalar que el gobierno “no tiene facultades para liberar a nadie”.
Según datos de la fiscalía, casi el 90% de los detenidos bajo el régimen de excepción siguen sin ser procesados ante los tribunales y llevan años incomunicados.
La “guerra” antipandillas redujo a mínimos históricos los homicidios en El Salvador, pero organizaciones humanitarias denuncian detenciones arbitrarias, abusos y más de 500 muertes bajo custodia estatal.
