San Salvador, El Salvador. Casi el 90% de las 93.000 personas detenidas en El Salvador bajo el régimen de excepción, que el presidente Nayib Bukele sostiene desde hace cuatro años, siguen sin recibir juicio, según un balance presentado este martes por la fiscalía.
La “guerra” antipandillas de Bukele redujo la criminalidad a mínimos históricos en El Salvador. Sin embargo, organizaciones humanitarias denuncian arrestos arbitrarios, abusos, más de 500 muertes en prisión, y que miles están detenidos totalmente incomunicados sin ser llevados a juicio.
El fiscal general Rodolfo Delgado informó en una reunión en el Congreso que su institución registra poco más de 10.500 condenas, lo que significa que casi el 90% aún esperan sentencia.
“Estos números y estos porcentajes se refieren exclusivamente a los casos que ya pasaron a la etapa de juicio (...) esperamos que se vayan incrementando”, agregó el funcionario.
Delgado no precisó los delitos incluidos en el balance, pero dijo que las condenas abarcan desde infracciones de menor gravedad hasta homicidios y violaciones múltiples cometidas por pandilleros.
La fiscalía también reportó 13 condenas a cadena perpetua por pertenencia a “organizaciones terroristas”, homicidios y feminicidios, además de 244 absoluciones y 10 sobreseimientos.
Según la organización humanitaria Socorro Jurídico, una tercera parte de los detenidos del régimen de excepción son inocentes.
Bukele ha reconocido que su gobierno liberó a unas 8.000 personas detenidas, aunque no aclaró si continúan vinculadas a procesos. Funcionarios de su gabinete los consideran parte de un “margen de error” en las capturas.
La semana pasada el mandatario dijo que evalúa una liberación anticipada y condicional de unos 5.000 colaboradores “ocasionales” de las pandillas.
Bukele sostuvo que los posibles beneficiarios serían seleccionados según su grado de “colaboración” y que podrían incorporarse al programa penitenciario “Cero Ocio”, que ofrece beneficios a condenados a cambio de trabajo en obras públicas.
Sin embargo, grupos humanitarios cuestionan que se considere la colaboración como un delito sin tomar en cuenta la coerción que ejercían los pandilleros.
Además, señalan que el plan anunciado por el presidente deja ver una falta de independencia de los poderes del Estado, pues es una comisión de gobierno y no la justicia la que decide quiénes serán los beneficiados