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Bruselas. La Comisión Europea activó este miércoles un duro proceso sancionador contra Polonia, que a largo plazo podría terminar con la suspensión de su derecho a voto en las instituciones comunitarias, por su controvertida reforma judicial que, a juicio de Bruselas, amenaza el Estado de derecho.
“Es con un enorme pesar que activamos el artículo 7” del Tratado de la Unión Europea, dijo en rueda de prensa el vicepresidente del ejecutivo comunitario, Frans Timmermans, para quien era la única opción situación en este país de la antigua órbita soviética.
Polonia está en el punto de mira de Bruselas desde el regreso al poder en el 2015 del Partido Ley y Justicia (PiS, nacionalista conservador) y, especialmente, por su controvertida reforma global del sistema judicial dirigida, según Varsovia, contra una “casta” de magistrados.
Las 13 leyes adoptadas en dos años crearon una situación en la que el gobierno “puede interferir política y sistemáticamente en la composición, los poderes, la administración y el funcionamiento” de las autoridades judiciales, según Timmermans.
El Gobierno polaco lamentó, por su parte, poco después la activación de este proceso “político”, que “afecta inútilmente” a las “relaciones mutuas”, según un comunicado del ministerio de la Cancillería.
'Botón nuclear'
Tras meses de un infructuoso diálogo con Varsovia, Bruselas decidió cumplir su amenaza de julio y activar este “botón nuclear”, dando paso a un complejo y largo proceso abocado, por el momento, a un punto muerto.
En última instancia y tras una fase de diálogo, los mandatarios, sin su par polaco, están llamados a constatar “por unanimidad” una “violación grave” de los valores europeos -paso previo a adoptar la sanción-, pero Hungría ya anunció que defendería a su aliada Polonia de la “inquisición”.
Bruselas detalló sus preocupaciones en varias recomendaciones al Gobierno polaco, entre ellas la supresión del poder del presidente de Polonia en la prolongación de los jueces del Tribunal Supremo o la restitución de la “independencia y legitimidad del Tribunal Constitucional”.
La Comisión, cuyo vicepresidente destacó su voluntad de diálogo en todo momento, dio de plazo tres meses a Varsovia para que adopte respuestas concretas a estas preocupaciones, abriendo la puerta a dar marcha atrás al artículo 7.
“No romperemos todos los puentes con Polonia”, subrayó la víspera el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quien rechazó una “situación de guerra”. “Estamos en una tarea difícil y espero que al final de cuentas consigamos acercarnos”, agregó.
La Comisión llevó también ante la Justicia europea la ley sobre los tribunales ordinarios, que prevé edades diferentes de jubilación para hombres (65) y mujeres (60), así como un poder para el ministro de Justicia de prolongar el mandato de los jueces que llegaron a la edad de retirarse.
Este asunto se convierte así en un nuevo frente ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), junto al rechazo de Varsovia de acoger refugiados o de detener las talas en un bosque protegido, que a largo plazo podría implicar duras sanciones económicas a este país del Este de Europa.
La sanción económica parece una amenaza más concreta y, en esta línea, la UE plantea nuevas herramientas, como condicionar el acceso a determinados fondos europeos de desarrollo al respeto de los valores y decisiones europeas.
La ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, aseguró el martes que un país a la deriva respecto a su Estado de derecho “no puede al mismo tiempo pedir que Bruselas les apoyo con miles de millones de fondos de cohesión”.
