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Washington. Estados Unidos anunció el viernes sus primeras sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), negando visas a cualquier persona involucrada en una posible investigación de militares estadounidenses en Afganistán o en otro lugar.
“Hoy (...) estoy anunciando una política de restricción de visas a aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación de personal estadounidense”, dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en rueda de prensa.
Aseguró que ya se habían emitido las primeras prohibiciones de visados, sin revelar el número ni los destinatarios.
La fiscala de la CPI, Fatou Bensouda, anunció en noviembre del 2017 que buscaba iniciar una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, incluso por el Ejército de Estados Unidos.
Pompeo manifestó que las nuevas restricciones de visa incluirían a “personas que tomen o hayan tomado medidas para solicitar o promover una investigación de este tipo”.
“Estas restricciones de visa también pueden usarse para disuadir los esfuerzos de la CPI de perseguir al personal de los aliados, incluidos los israelíes”, agregó el secretario de Estado.
El gobierno de Donald Trump ha cuestionado enérgicamente a la CPI, un organismo encargado de juzgar los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, del cual Estados Unidos no es miembro.
“La CPI reclama jurisdicción casi universal sobre los ciudadanos de todos los países, violando todos los principios de justicia, equidad y debido proceso. Nunca cederemos la soberanía de Estados Unidos a una burocracia global no electa e irresponsable”, expresó Trump ante la última Asamblea General de las Naciones Unidas.
También en setiembre pasado, la Casa Blanca amenazó con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la CPI si el tribunal tomaba acciones por crímenes de guerra contra estadounidenses que combatieron en Afganistán, o si iniciaban investigaciones contra Israel y otros aliados.
La CPI se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países y que entró en vigor en el 2002.
Las relaciones entre Washington y la Corte con sede en La Haya han sido siempre tumultuosas. Estados Unidos se ha negado a formar parte del organismo y hace todo lo posible para evitar que sus ciudadanos puedan ser objeto de investigaciones.
