Escuchar
Saná. AFP La oposición yemení se declaró ayer determinada a echar al presidente Alí Abdalá Saleh, y el régimen, que se niega a ceder, acusó al grupo islamista al-Qaeda de tres ataques que costaron la vida a seis militares.
Una importante muchedumbre continuó ayer la protesta pacífica instalada frente a la Universidad de Saná desde el 20 de febrero para obtener la caída del régimen.
En Ibb, unos 200 km al sur de la capital, los manifestantes fueron atacados por partidarios del régimen y 61 de ellos resultaron heridos, principalmente por puñaladas, pedradas y golpes de porra, anunció un opositor.
Cientos de personas favorables al Congreso Popular General (CPG, en el poder) atacaron a los manifestantes sin que las fuerzas de seguridad interviniesen, precisó Abdulkarim Mohamed Alí, un organizador local de la protesta.
En tanto, tres ataques separados, atribuidos a la red islamista al-Qaeda de Osama bin-Laden, causaron la muerte de seis militares en tres regiones del país.
Al tiempo en que ocurrían estos hechos, la oposición incitó a “todo el pueblo a que intensifique las manifestaciones en todas las regiones, con el fin de que no haya otra opción (para el jefe de Estado) más que la dimisión”, según el portavoz de la oposición parlamentaria, Mohamad al-Sabri.
El presidente yemení Saleh, en el poder desde hace 32 años, rechazó el sábado una proposición que hizo la oposición, por medio de la mediación de dignatarios religiosos, para que renuncie antes del fin de este año, cuando su mandato termina en 2013.
La posición del presidente “significa su muerte política y la (gente que sale a la) calle es nuestra única arma”, según al-Sabri, quien anunció “el final del diálogo indirecto que se ha realizado a través de los dignatarios religiosos”.
Desde finales de enero se han producido manifestaciones en Saná, Taez y Adén para pedir la caída del régimen yemení. Según Amnistía Internacional, al menos 27 personas perdieron la vida.
El deterioro de la situación en Yemen provocó que Estados Unidos y Reino Unido sugirieran a sus ciudadanos abandonar el país.
