EscucharGinebra. AFP. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU , compuesto por 18 expertos independientes elegidos por los países que han ratificado la Convención en la materia, le pidió a México que consulté con los pueblos indígenas la explotación de sus tierras, en una resolución publicada este martes en Ginebra.
"Se asegure (México) que se están llevando a cabo consultas en cada etapa del proceso con las comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento libre, previo e informado, particularmente en los casos de explotación minera", dice el informe.
El documento indica que el actual sistema en vigor en México "no contempla la figura del consentimiento libre, previo e informado", y agrega "las crecientes tensiones entre actores externos y pueblos indígenas asociados a la explotación de recursos naturales".
El dictamen manifiesta su "preocupación ante informaciones de conflictos sobre tierras históricamente propiedad de los pueblos indígenas", y "porque, en la practica, el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados antes de que se proceda a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, no se respeta plenamente".
De este modo México parece sumarse a situaciones conflictivas que se están actualmente viviendo en Argentina, Perú, Brasil y Ecuador, generando la protesta de poblaciones indígenas ante nuevos proyectos de desarrollo que desconocerían exigencias para preservar el medio ambiente, o que violarían los derechos de los indígenas, establecidos por normas de la ONU.
La ONU le reclama a México que genere "diferentes espacios de interlocución con los pueblos indígenas", para garantizar "acuerdos concretos, viables y verificables, que sean efectivamente implementados", incluyendo "métodos alternos de resolución de conflictos", respetando "los estándares internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas".
El Comité advierte que "en los casos excepcionales en que se considere necesario el traslado y el reasentamiento de los pueblos indígenas" para realizar proyectos de desarrollo, también se respeten los "estándares internacionales".
En cuanto a la educación, salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación de los indígenas en México, la ONU se inquieta que el 93,9% de los mismos "está privada al menos de uno de estos derechos y el 64% al menos de tres", y subraya que "las cifras más elevadas de mortalidad materna e infantil se dan en la población indígena".
El Comité revela "las dificultades de acceso a la justicia de miembros de los pueblos indígenas, y el alarmante número de denuncias por presuntas irregularidades en varios casos"; por "la cantidad" de ellos "en el sistema carcelario", y se declara a "la expectativa" por el caso de Hugo Sánchez, que debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de México.
En ese contexto la ONU pide garantías a México para que los indígenas cuenten con "defensores de oficio y funcionarios de justicia bilingue, y con "servicios de interpretación culturalmente apropiados" durante los procesos en los tribunales.
Al propio tiempo la ONU le pide cuentas a México sobre los trabajadores migrantes o en transito procedentes de comunidades indígenas de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son vulnerables "al secuestro, tortura y asesinato", principalmente las mujeres, "que son víctimas de abusos".
