EscucharManagua. El Fondo de Población de la Organización de Naciones Unidas (FNUAP) amenazó al gobierno de Nicaragua con retirar su ayuda, por discrepancias en la ejecución de políticas y programas, informó ayer una fuente oficial.
La Secretaria de Acción Social, Yamileth Bonilla, confirmó que el representante permanente del FNUAP, Thomas Jiménez, comunicó que la ayuda al país, por un monto anual no especificado, sería suspendida, si el gobierno no aclara la ejecución de los programas.
Según Bonilla, el conflicto se origina con la Comisión Nacional de Población y Desarrollo, antes bajo su administración y pasada al Ministerio de la Familia en setiembre de 1998, cuando el gobierno reestructuró el gabinete de ministros.
Jiménez señaló que los recursos que invierte el FNUAP para crear políticas de población y desarrollo, a mediano y largo plazo, "han quedado a la deriva" desde setiembre pasado, e incluso menciona que son "malogrados", agregó.
El FNUAP apoya a la Comisión Nacional de Población y Desarrollo de ese país, y además otros proyectos en el Ministerio de Salud, el Instituto Nicarag,ense de Seguridad Social y la Comisión Nacional de Nutrición.
Este anuncio incrementa el ambiente de zozobra que se vive en Nicaragua, luego que el gobierno de Honduras deportara a 107 nicarag,enses que trabajaban sin la autorización correspondiente en una planta azucarera de San Juan de Flores, unos 40 kilómetros al noreste de Tegucigalpa.
Entre los nicarag,enses había 15 menores y tres mujeres, y todos ellos dormían en una de las instalaciones del ingenio Tres Valles.
Apoyan anuncio
Organizaciones de mujeres expresaron a la prensa su apoyo a la decisión del FNUAP, y su malestar con la "conservadora" opción de los ministros Max Padilla de la Familia, y Fernando Robleto, de educación.
Según las dirigentes, "Nicaragua quedó en ridículo y aislada en foros internacionales sobre población y desarrollo, porque ambos funcionarios expusieron posiciones distintas a las oficiales".
Los ministros Padilla y Robleto son señalados de rechazar todos los programas de salud reproductiva, debido a que consideran que incitan a las mujeres a abortar, pero el proyecto pretende atenderlas antes y después del parto.
