
Managua. AFP y DPA. Nicaragua podría perder $190 millones de ayuda para construir 147 kilómetros de carretera si el programa estadounidense Cuenta Reto del Milenio (CRM) decide el 11 de marzo retirarse del país debido a cuestionados comicios de noviembre, advirtió ayer la prensa local.
La agencia de cooperación estadounidense suspendió hace tres meses sus proyectos en Nicaragua por $175 millones, de los cuales faltaban ejecutar $64 millones, debido a denuncias de supuesto fraude en los comicios municipales de noviembre.
Según el diario La Prensa , la CRM tenía previsto ampliar su cooperación con $240 millones de más para construir carreteras, de los cuales $110 serían aportados por la agencia y $130 millones por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que también están suspendidos.
Según el diario, de los $240 millones, la agencia entregó $50 millones para obras en ejecución antes de los comicios, aclarando que el resto de los fondos están sujetos al esclarecimiento de las dudas que persisten sobre las elecciones ganadas por el oficialismo.
El directorio de la CRM, con sede en Washington, dio plazo al gobierno de Ortega hasta el 11 de marzo para despejar los cuestionamientos y decidir si continuarán o cancelarán los proyectos.
El gobierno ha realizado gestiones en Washington, mediante su canciller Samuel Santos, para destrabar la ayuda de la agencia de cooperación, así como de otros países donantes que también retiraron parcialmente su ayuda tras los cuestionados comicios.
Insisten en revisión. Entretanto, un organismo cívico que observó los cuestionados comicios solicitó ayer revisar el escrutinio oficial en 40 ayuntamientos donde hubo “irregularidades”.
Esta petición la planteó el director del grupo Etica y Transparencia (E&T), Roberto Courtney, al rendir el informe final del organismo sobre el polémico proceso electoral, calificado de “fraudulento” por la oposición al gobierno de Daniel Ortega.
Según E&T, en 40 de los 146 municipios que participaron en la elección hubo problemas como expulsión de fiscales opositores, sustitución de actas y votos, cierre apresurado de mesas, anulación de votos e intimidación a votantes, entre otros.
Courtney afirmó que el estudio se hizo con base a datos recabados por miles de observadores del organismo cívico que supervisaron los comicios pese a no haber sido oficialmente acreditados por el Consejo Supremo Electoral que, al final, declaró vencedor al gobernante Frente Sandinista en 105 de 146 municipios del país.