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El gobierno de Argentina modificó este viernes, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial, la ley de inteligencia, mediante la cual se reestructuró la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y ahora tendrá la capacidad de aprehender personas.
La medida había sido anticipada por el Poder Ejecutivo y la oposición cuestionó el intento y alertó sobre “espionaje político”.
La habilitación para que el organismo pueda aprehender personas es el punto más cuestionado por la oposición y la calificación como “encubiertas” de todas sus actividades.
Al respecto, el Gobierno expresó en el documento: “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.
Además el Gobierno detalló que los órganos del Sistema de Inteligencia Nacional proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personales, operaciones e información y los habilitó a “repeler o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo”.
“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las Fuerzas Policiales y de Seguridad competentes”, explicó en el artículo cuestionado por la oposición.
Contrainteligencia y Centro Nacional de Ciberseguridad
Por otra parte, la medida también redefinió las funciones de la contrainteligencia. A partir de ahora, estas abarcan la prevención de infiltraciones, la fuga de información clasificada, el espionaje, los atentados contra el orden constitucional, el sabotaje, así como la influencia, injerencia o interferencia de actores externos que puedan afectar el proceso de toma de decisiones de las autoridades del sistema republicano, los intereses estratégicos del país o a la población en general.
Entre otros puntos, el Ejecutivo también creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que tendrá como funciones planificar, ejecutar y supervisar políticas, programas y acciones para “proteger el ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del Sector Público Nacional”.
Sobre el DNU, los dirigentes de la oposición anticiparon que el próximo capítulo de la disputa será legislativo y que buscarán impugnarlo para evitar su vigencia, aunque será una tarea complicada ya que debería voltearlo en ambas Cámaras. En caso de fallar en alguna de ellas -ya sea por rechazo o falta de tratamiento- el documento conservará su validez.
Tal como indicaron fuentes de Propuesta Republicana (Pro) a La Nación, desde el espacio preparan un comunicado conjunto junto con el oficialismo. Además, la comisión bicameral encargada de fiscalizar a los organismos de inteligencia formalizará este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el alcance y los fundamentos de la reforma.
Críticas a Milei
En tanto, el exdiputado kirchnerista Leopoldo Moreau se expresó contra el DNU y dijo que “significa la creación de una policía secreta” y “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. También recordó que es la segunda vez que Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y denunció que, en esta ocasión, “pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. " Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático", apuntó.
También se sumó a las críticas el diputado Maximiliano Ferraro, quien es presidente de la Coalición Cívica ARI, que retrucó: “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?“.
“Si este DNU que modifica la ley de inteligencia nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas. Pero como lo firma Milei, los bastantes y advenedizos republicanos intermitentes y de ocasión, ¿mirarán para otro lado? ¿Elegirán callar?“, cruzó.
Las promulgaciones del Presupuesto e Inocencia Fiscal
Después de las aprobaciones de la ley de Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal en el Congreso durante las últimas sesiones extraordinarias, el Gobierno promulgó ambas leyes este viernes en el Boletín Oficial.
De esta manera, por un lado, consiguió mantener el presupuesto que propuso para tener equilibrio fiscal en el tercer año de gestión y, por el otro, logró modificar el Régimen Penal Tributario, en busca de que los argentinos “saquen los dólares del colchón.
Mediante la Ley 27.798, el Gobierno hizo oficial el nuevo presupuesto, el cual consta, según estimaciones del Ministerio de Economía, de un “resultado financiero superavitario” de $2.734.029.655.055. Antes del cierre de año, el presidente había celebrado su aprobación y lo calificó como un “hito histórico”.
Por otra parte, este viernes también promulgó la Ley 27.799, que modifica el Régimen Penal Tributario. El proyecto cambia la normativa actual para facilitar el blanqueo de fondos y flexibilizar la persecución de la evasión fiscal.
Al respecto, Milei había asegurado que la actualización permitiría sacar los “dólares debajo del colchón” y atraer más inversiones.
