EscucharBuenos Aires. AFP. El expresidente de Argentina Carlos Ménem (1989-1999) justificó ayer sus indultos a jefes militares de la dictadura, uno de los cuales fue anulado por la Corte Suprema.
“Lo que quise fue la paz: vivimos diez años tranquilos, sin enfrentamientos, sin luchas armadas. Nunca más los militares en la calle”, dijo Ménem. “Cuando alguien hace algo tan importante no puede entrar a considerar si está bien o está mal. Se hizo y punto”, añadió.
La Corte anuló el viernes el indulto al exgeneral Santiago Riveros, de 83 años, acusado por crímenes de lesa humanidad, fallo que despeja el camino para abolir los perdones dados a los exjerarcas Jorge Videla y Emilio Massera, condenados hace 22 años a perpetuidad y luego indultados por Menem en 1989.
La decisión de la justicia deja al margen a los también indultados exguerrilleros y a militares que se alzaron en la década de los ochenta para presionar contra la iniciativa del gobierno democrático de Raúl Alfonsín (1983-1989) de enjuiciar a responsables de crímenes de la dictadura que lo precedió.
“¿Por qué a algunos sí y a otros no?”, dijo Ménem ayer a una radio de Buenos Aires, al criticar que el fallo diferenciara entre militares y exlíderes guerrilleros.
El exmandatario opinó que los líderes guerrilleros por él indultados integraban “organizaciones terroristas” y “mataron impunemente” y equiparó su acción de entonces con las de al-Qaeda y ETA en el presente.
La Corte, en un aspecto en el que coincidieron sus siete integrantes, juzgó inconstitucional indultar a acusados o condenados por delitos de lesa humanidad que fueron cometidos desde el Estado o por integrantes de fuerzas de seguridad, descripción que no alcanza a organizaciones políticas guerrilleras.
Decenas de miles de personas fueron secuestradas y torturadas en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983, y parte de ellos (30.000, según grupos humanitarios, 15.000, según una investigación oficial) fueron asesinados en forma clandestina y figuran como desaparecidos.
El fallo de la Corte Suprema contra el beneficio recibido por Riveros es un hito en derechos humanos largamente promovido por el gobierno de Néstor Kirchner, quien hizo de este tema uno de los pilares de su gestión.
El nuevo escenario calza a la perfección con la voluntad oficial de que se investiguen y juzguen los crímenes de la dictadura, que goza del apoyo de las organizaciones de derechos humanos y, según los sondeos, de alto consenso popular.
