
Son el terror en Guatemala, El Salvador y Honduras. Son reconocidas por sus violentos enfrentamientos con la Policía y entre ellas mismas, por atracos y ataques a ciudadanos comunes. Son también las mayores distribuidoras de droga en sus comunidades.
Se trata de las “maras”, pandillas compuestas en su mayoría por jóvenes de barrios marginales o populares, un problema prioritario en estos tres países.
Tan preocupante es la situación –a estos grupos se les atribuye más del 50 por ciento de los delitos– que los gobiernos de Alfonso Portillo (Guatemala), Francisco Flores (El Salvador) y Ricardo Maduro (Honduras) decretaron recientemente medidas urgentes para combatirlos.
Entre ellas se incluyen operativos policiales, decomisos de armas y juicios sumarios, sin contar con la promulgación de leyes especiales para aumentar las penas de cárcel contra los líderes y miembros de las “maras”.
Este es el caso hondureño: el Congreso aprobó el 6 de agosto una ley que castiga con entre 9 y 12 años en prisión y una multa de $12.000 a los jefes “mareros”.
Grupos religiosos y de derechos humanos dudan de la eficacia de estas acciones, al considerar que se dejan por fuera tareas de rescate y rehabilitación, lo cual podría provocar un rebrote de la violencia, aseguró a La Nación, vía telefónica, el obispo hondureño Rómulo Emiliani.
Un ejemplo de la respuesta pandillera contra las acciones gubernamentales en Honduras ocurrió hace dos semanas cuando siete “mareros” mataron a tiros a 12 personas e hirieron a 18 que viajaban en tres autobuses en la norteña ciudad de San Pedro Sula.
Miembros visibles
Con sus brazos, piernas, torsos, espaldas y hasta cabezas tatuadas y ropas holgadas, las “maras” 18 y Salvatrucha –las más grandes y temidas– no han escatimado recursos y esfuerzos en doblegar a las autoridades policiales y, en especial, a los ciudadanos, quienes han optado por dos caminos: armarse para enfrentarlos, algo que supondría una batalla perdida, o aceptar sus condiciones y vivir bajo su sombra.
Los casos de zonas urbanas y rurales dominadas por estas dos pandillas, acérrimas enemigas, son incontables y las autoridades locales estiman en más de 100.000 los “mareros” en estos tres países: 80.000 en Guatemala, 30.000 en Honduras, y 20.000 en El Salvador. Sin embargo, no hay estadísticas oficiales sobre el número real, comprobó este medio ante diversas consultas.
Uso de la fuerza
Los gobiernos de los tres países han recurrido a la fuerza como primera medida de represión contra los pandilleros para doblegarlos; sin embargo, los responsables de estas medidas niegan que se trate de acciones represivas.
“No son medidas represivas. Lo que tratamos es de llevar seguridad a las comunidades”, aseveró el comisario de la policía guatemalteca, José Luis Valdez.
El oficial desconoció si el Gobierno tiene planes de rehabilitación para los “mareros”. La misma situación se presenta en las vecinas Honduras y El Salvador.
En Guatemala, el plan “Escoba” ha dejado un saldo de 1.984 pandilleros detenidos en los últimos meses; en El Salvador, con el plan “Mano Dura”, se han capturado a 1.925 y, en Honduras, la “Operación Libertad” ha dejado un saldo de 82 detenidos en las últimas dos semanas.
“Las ‘maras’ son un problema complejo derivado de la pobreza, la violencia intrafamiliar, la pérdida de valores y la falta de oportunidades laborales, recreativas y educativas. Si no se crean condiciones apropiadas para su rehabilitación, lo único que ganaremos es aumentar su odio y la violencia contra la sociedad”, manifestó Víctor Perelló, comisionado de derechos humanos en Honduras.
Emilio Goubaud, de la Alianza para la Prevención del Delito en Guatemala, y Aida Santos, jueza de menores en San Salvador, instaron a la sociedad, al Estado, a la empresa privada y a las organizaciones no gubernamentales a depositar un voto de confianza en la rehabilitación de los pandilleros.
“Hay que invertir en ellos: por cada dólar que invirtamos en su ayuda, nos ahorraremos $8 en su atención en la cárcel”, manifestaron ambos por separado.
Goubaud fue más allá y lamentó la “limpieza” social que aparentes escuadrones hacen en un intento por exterminar a las “maras”. Denunció que en los últimos 10 meses han muerto 79 jóvenes pandilleros que estaban en proceso de rehabilitación.
En Honduras, dos jóvenes aparecieron muertos esta semana. A su lado, un papel y un mensaje: “Cero tolerancia”.
En El Salvador, las autoridades no hablan de grupos de exterminio; atribuyen las muertes a los enfrentamientos entre la “18” y la “Salvatrucha”.