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Santiago. EFE. La hija mayor de Augusto Pinochet quedó ayer detenida en Chile a su regreso de Estados Unidos, tras intentar sin éxito convertirse en perseguida política para evadir un juicio por evasión tributaria y falsificación de documentos.
Lucía Pinochet Hiriart, de 64 años, llegó ayer a Santiago tras un largo viaje que empezó el viernes por la noche en Washington y que, tras un corto tránsito por Buenos Aires, concluyó en el aeropuerto de la capital chilena, donde se le notificó de su detención y procesamiento.
Lucía Pinochet había viajado a Argentina el 22 de enero, horas antes de que el juez Carlos Cerda, que investiga las millonarias cuentas de su padre en el exterior, le notificara de su procesamiento por delitos de evasión tributaria y falsificación de pasaportes.
Desde Buenos Aires voló sorpresivamente a Washington, donde pidió el miércoles asilo político y quedó detenida mientras se resolvía su solicitud, hasta que resolvió retirarla el viernes y regresar a Chile.
A su llegada, la hija de Pinochet, quien se veía cansada y con el rostro demacrado, declaró a la Televisión Nacional de Chile que es víctima de "persecución política", que volvió al país "para dar la cara" y que lo pasó mal en EE. UU., donde estuvo dos días encarcelada.
También insistió en su inocencia en el caso de evasión de impuestos por más de $800.000 que le imputa el juez Cerda, quien el martes había dictado órdenes de arraigo y de búsqueda internacional en su contra.
En una medida inusual, el magistrado concurrió ayer al aeropuerto y subió al avión en que llegó la fugitiva donde, después de saludarla, le solicitó que bajara para notificarla de la resolución que adoptó el lunes contra ella y su familia.
El magistrado procesó el lunes a la madre, Lucía Hiriart, y a tres de los cuatro hermanos por los mismos cargos, pero todos obtuvieron su libertad provisional bajo fianza al día siguiente, en un trato del juez que algunos calificaron incluso de preferente.
En este contexto, la petición de asilo político en EE. UU. de Lucía Pinochet causó sorpresa en Chile y concitó el repudio de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El Gobierno, en tanto, intentó quitarle connotación política al caso, que ha remitido exclusivamente a la esfera judicial.
