Guatemala. AFP. Una unidad de escuchas telefónicas tuvo un papel clave en la investigación que condujo al esclarecimiento del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, quien planeó su propia muerte y culpó de ella al presidente de Guatemala, Álvaro Colom.
Creada hace nueve meses, la unidad tenía tres semanas activa cuando el crimen de Rosenberg –el 10 de mayo del 2009– desató una crisis política con protestas callejeras que exigían la renuncia de Colom, tras mostrarse un video donde el abogado culpaba al presidente de ordenar su muerte.
Este equipo, dependiente de la Fiscalía, formado por 45 técnicos y peritos capacitados en Canadá y Puerto Rico, interceptó por más de un mes las llamadas entre los sospechosos de matar a Rosenberg, hasta que finalmente fueron detenidos el 11 de setiembre, reveló una fuente de la Fiscalía.
El cruce de miles de llamadas, incluidas las realizadas por el propio Rosenberg desde dos celulares que les había comprado a su chofer y guardaespaldas, permitieron este mes a una comisión investigadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Fiscalía llegar a la conclusión de que el abogado había planificado su propio homicidio.
Mientras los integrantes de la banda hablaban entre sí y conspiraban para cometer otros delitos, sus conversaciones eran escuchadas por los investigadores de la Fiscalía y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una entidad creada por la ONU y que dirige el jurista español Carlos Castresana.
Las escuchas telefónicas fueron autorizadas por la Ley contra la Delincuencia Organizada, aprobada por el Congreso en julio de 2007.
En la investigación del crimen de Rosenberg, “14 teléfonos celulares fueron intervenidos con órdenes judiciales conseguidas por los investigadores”, dijo una fuente del caso, que pidió anonimato.
Según la acusación presentada por la Fiscalía contra 11 presuntos autores materiales del crimen del abogado, entre los “mandados”, “trabajos” o “encargos”, como llamaban a sus acciones delictivas, figuran el secuestro de un coreano y el asesinato del alcalde de un poblado fronterizo con El Salvador.
Esta banda estaba compuesta por dos células que trabajaban coordinadas; sin embargo, en ocasiones también realizaban crímenes por separado.
Sus líderes eran el policía retirado Wílliam Santos Divas y el exmilitar Edwin Idelmo López, según la acusación.