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La suspensión cautelar fue decidida “por unanimidad” por el pleno del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces españoles, reunido en sesión extraordinaria para decidir sobre el cese del juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal, según la misma fuente.
El CGPJ tomó esta decisión después de que el juez del Tribunal Supremo, Luciano Varela, ordenó la apertura de juicio oral contra Garzón, acusado de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es) por intentar investigar los crímenes del franquismo sin supuestamente tener competencias para ello.
El juez ya recibió la notificación oficial de su cese, aunque tendrá que esperar para saber si se le autoriza a marchar a La Haya a la Corte Penal Internacional como asesor de la Fiscalía.
El fiscal de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo invitó a Garzón como asesor por un período inicial de siete meses, pero la Comisión Permanente del CGPJ, reunida para decidir sobre ese traslado, postergó su decisión.
La suspensión del juez causó la indignación de defensores de derechos humanos y de víctimas de la dictadura.
“Si hay un juez que ha sido el primero en preocuparse de las víctimas del franquismo y termina así, es lamentable, realmente”, afirmó el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Santiago Macías, cuya asociación fue la primera en promover la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y del franquismo.
La vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a asegurar que “el Gobierno, como siempre, respeta la decisión del CGPJ y de la misma forma, insistimos en la necesidad de respetar la presunción de inocencia del juez porque el procedimiento no ha concluido”.
La justicia española tiene que fijar fecha para el juicio a Garzón, que, de ser condenado, podría quedar inhabilitado como juez hasta por 20 años, lo que en la práctica supondría el fin de su carrera.
