
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua declaró nulas las sentencias sobre la liquidación y el cierre del Banco Europeo Centroamericano (BECA) en 1996.
Aunque el fallo no obliga al Estado a devolver los activos del banco a su antiguo dueño, el empresario Álvaro Robelo, este aseguró ayer que adoptará medidas legales para recuperar lo perdido.
Los activos del BECA fueron vendidos en $25 millones al Banco Centroamericano (Bancentro) en 1996 y las deudas que tenía las asumió el Estado.
El fallo judicial fue duramente criticado por el presidente, Enrique Bolaños, quien dijo ayer que existen “buitres” que “quieren apropiarse del dinero” de los nicaragüenses.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Eduardo Montiel, aseguró que, ante una eventual devolución de los activos a Robelo, el Gobierno se vería en la necesidad de aumentar los impuestos.
“Si hay que hacer un pago en este caso, el Gobierno tiene pocas alternativas, entre ellas reducir el gasto público que está difícil o aumentar los impuestos, lo cual afectaría al pueblo y por ende a la economía nacional”, dijo Montiel.
“Juicio es nulo”
El magistrado sandinista Rafael Solís, informó el miércoles de que la Sala Civil de la Corte decidió el martes declarar nulo el cierre del banco de capital italiano decretado por la Superintendencia de Bancos durante el gobierno de Violeta de Chamorro.
“Declaramos todo el juicio nulo, porque encontramos que no se le dio el derecho a la defensa a los accionistas del banco”, dijo Solís.
De los ocho magistrados, cuatro sandinistas y un liberal votaron en contra del cierre del banco de Robelo.
Robelo, ciudadano italo-nicaragüense y fundador del extinto movimiento político Arriba Nicaragua, es ahora uno de los aliados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la Convergencia Nacional.
El cierre del banco lo decretó la Superintendencia de Bancos después de realizar una auditoría y determinar supuestos desvíos de fondos y mal manejo de su cartera de créditos.
Los accionistas encabezados por Robelo iniciaron un juicio contra esa resolución, y ocho años después la Corte les dio la razón.
Desde 1996 hasta el 2001 fueron cerrados, además del BECA, los bancos Nacional de Desarrollo (Banades), Banco del Sur (Banco Sur), Intercontinental (Interbank), del Café (Bancafé), Mercantil (Bamer), Banco Popular y Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic).
Según estimaciones oficiales, las quiebras bancarias causaron pérdidas por $500 millones al Estado, que asumió la devolución de los ahorros al público con el propósito de evitar un caos en el sistema financiero nacional.