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El juicio que se abrió en el Tribunal Supremo español es la primera de tres causas abiertas a Garzón, quien también será juzgado a partir del 24 de enero por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
El magistrado, quien en España fue muchos años perseguidor del grupo terrorista ETA, fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional en mayo del 2010 por estos procesos, iniciados a instancias de abogados de los imputados (en el caso de las escuchas) y de grupos de derecha del franquismo.
Garzón, quien vive fuera de España y es asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional y para el desarme en Colombia, entre otros trabajos, llegó ayer al Tribunal arropado por los aplausos de sus partidarios y algunos excompañeros.
Ante la sede del Tribunal, decenas de simpatizantes de la plataforma “Solidarios con Garzón”, que agrupa a organizaciones para la recuperación de la Memoria Histórica, artistas e intelectuales, se manifestaban para denunciar la “persecución política” del magistrado.
El juez está acusado de los delitos de prevaricación y violación de garantías constitucionales por ordenar grabar conversaciones que mantuvieron en prisión con sus abogados varios imputados del llamado “caso Gurtel”, que implica a altos cargos del gobernante Partido Popular y que precisamente destapó el propio Garzón.
Al iniciarse el juicio, la defensa de Garzón pidió recusar a dos de los jueces que le juzgan, por considerarles parcializados, así como se le dé al magistrado la posibilidad de recurrir en caso de una condena que le costaría su separación definitivo de la carrera judicial.
El presidente de la sala rechazó ambas peticiones, y sólo admitió que se puedan escuchar (a puerta cerrada) algunas de las grabaciones que Garzón ordenó.
La acusación, integrada por los abogados de los presuntos corruptos, pide que se inhabilite a Garzón hasta 17 años, mientras que la Fiscalía solicita su absolución.
