Madrid. La jueza federal Waverly Crenshaw señaló que los cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Kilmar Ábrego, un salvadoreño residente en Maryland deportado erróneamente a El Salvador por la administración de Donald Trump, podrían haber sido motivados por represalia tras la demanda que él presentó para impugnar su expulsión.
“La moción de Ábrego no está lista para decisión porque solicita el descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria, debido a que existe cierta evidencia de vengatividad en este caso”, señaló un memorando firmado por Crenshaw.
“El Tribunal sostiene que la totalidad de los hechos crea una base probatoria suficiente para concluir que existe una ‘probabilidad realista de vengatividad’, lo cual da derecho a Ábrego a obtener descubrimiento de pruebas y requiere una audiencia probatoria antes de que el Tribunal decida sobre su moción”, agregó.
La magistrada del distrito de Nashville, Tennessee, indicó que existía una posibilidad real de que el procesamiento penal no respondiera a un interés legítimo en impartir justicia, sino al deseo de castigarlo por haber ejercido su derecho a impugnar judicialmente su deportación.
Crenshaw se refirió a las declaraciones del fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien afirmó en una entrevista con Fox News que la investigación penal contra Ábrego se inició tras un fallo judicial en Maryland que cuestionó la legalidad de su deportación y concluyó que el gobierno “no tenía derecho a deportarlo”.
Blanche sostuvo que Ábrego fue devuelto a Estados Unidos exclusivamente para “enfrentar la justicia”, lo que la jueza consideró un indicio de que los cargos podrían haberse originado como represalia y no por un interés genuino en perseguir delitos.
La magistrada advirtió que, de confirmarse que los cargos fueron motivados por la demanda civil de Ábrego contra la administración Trump, esto podría constituir una violación de su derecho al debido proceso.
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La legislación federal contempla la posibilidad de desestimar cargos presentados con fines punitivos por ejercer derechos constitucionales, aunque estas solicitudes rara vez prosperan. Por el momento, el tribunal concedió la solicitud de Ábrego de descubrimiento de pruebas y una audiencia probatoria.
Hasta ahora, ni los abogados de Ábrego ni los del Departamento de Justicia se han pronunciado sobre el caso.
Ábrego, originario de El Salvador y residente en Maryland, fue deportado en marzo pese a una sentencia del 2019 que impedía su expulsión, debido al riesgo de persecución por pandillas.
La administración reconoció el error, pero ha buscado impedir que el salvadoreño regrese a Estados Unidos. Tras ser encarcelado en El Salvador, Ábrego presentó una demanda civil en Maryland, y en abril la Corte Suprema confirmó el fallo que ordenaba su retorno.
En junio, Ábrego volvió al país luego de que la fiscalía obtuviera una acusación formal en Tennessee por supuesta participación en una red de tráfico de personas dedicada al transporte ilegal de migrantes hacia Estados Unidos.
A finales de agosto, la jueza Barbara Holmes lo dejó en libertad, dando un nuevo giro a un caso que se ha convertido en uno de los más destacados en relación con la política de deportaciones de la administración Trump. El acusado se declaró inocente y negó pertenecer a alguna pandilla.