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Caracas. El Consulado de Chile en Caracas amaneció abarrotado este lunes por venezolanos que buscan una visa especial para radicarse en ese país, lo que más que una concesión perciben como otra traba para escapar de la crisis económica.
Una cinta con la frase “peligro no pase” bordeaba un costado del edificio, en el este de la ciudad.
Debido a que el Consulado no prestó servicio este lunes, varios forcejeaban para leer una pequeña pizarra que enumera los pasos para obtener el documento, anunciado el 8 de abril por el presidente chileno, Sebastián Piñera.
“No empujen, todos somos venezolanos”, gritó alguien en medio de la aglomeración de unas 400 personas, controlada por una docena de policías.
Los alcances del requisito -impuesto por Piñera para “poner orden” a la creciente migración venezolana- no están claros para Leipzig Mijares, administrador con varios posgrados que llevaba año y medio preparando su partida.
“Quienes tenemos pasajes a Chile para esta semana estamos en un limbo”, dijo angustiado Mijares, de 44 años, quien llegó muy temprano a la sede diplomática buscando luces sobre la llamada visa de “responsabilidad democrática”.
Domingo #15ABR #video tomado a las 8:00pm en el Consulado de #Chile en #Caracas #Venezuela
— Alfredo A. Hernández (@alfredoahh) April 16, 2018
La gente ya está haciendo cola para la solicitud de la Visa de Responsabilidad Democrática. Hay 400 personas en una lista que llevan los solicitantes. pic.twitter.com/rfl2fF4h4A
“Sabemos que venía una ley migratoria porque en Chile la migración ha sido desordenada, pero no nos da tiempo de tramitarla antes del viaje”, añadió el hombre, quien tiene boletos para viajar el viernes junto con su primo Jesús Mijares.
La pizarra los remitía a la web de la Cancillería chilena y a sus redes sociales, pues el trámite debe realizarse en línea.
Una situación similar se presentó en el Consulado de la ciudad de Puerto Ordaz (sur), que tampoco abrió sus puertas, según reportes de prensa.
Es para residencia
En la página del Ministerio de Relaciones Exteriores se aclara que el visado de “responsabilidad democrática” es para quienes deseen residir en Chile, por lo cual quedan exentos los venezolanos que quieran ingresar para hacer turismo.
Con una hiperinflación que treparía a 13.000% este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI) y escasez de alimentos y medicinas, miles han optado por irse.
Tomás Páez, sociólogo experto en migración, aseguró que entre 400.000 y 500.000 venezolanos partieron en los dos últimos años, mientras que desde la llegada de Hugo Chávez (1999-2013) al poder emigraron unos 2,2 millones.
El flujo hacia el país austral es creciente. De 8.001 migrantes en el 2014 se pasó a 84.586 en el 2017, según el Ministerio de Interior chileno.
La diáspora podría seguir creciendo, pues 34,7% de los cerca de 30 millones de venezolanos considera irse, de acuerdo con la encuestadora Datanálisis.
El presidente Nicolás Maduro reconoció en febrero que en Venezuela “hay una migración” forzada, pero la atribuyó a una “guerra económica” para provocar su caída.
La visa anunciada por Piñera frente a la “crisis democrática” venezolana tendrá vigencia de un año, prorrogable por una vez, y posibilitará luego pedir la residencia definitiva.
Esta exigencia se suma al visado que impuso en octubre pasado Panamá, uno de los principales destinos de la migración venezolana.
Situación desesperada
Jesús Mijares, quien vendió su carro y varios electrodomésticos para costear el pasaje a Santiago -cada vez más caro y escaso-, cree que el visado es una traba más para quienes como él ya tenían los documentos exigidos por Chile.
“Ahora con esta visa no sabemos si vamos a viajar porque no queremos entrar al país de forma ilegal”, dijo, al remarcar su urgencia por emigrar: “Tengo dos hijas y no puedo comprarles ni un helado”.
La legislación actual -cuya reforma anunció Piñera- permitía a quienes ingresaran como turistas pedir residencia temporal o definitiva.
Para Johana Carrillo, de 38 años, y su esposo, Eduardo Faría, de 36, quedarse en Venezuela no es una opción. Ambos son empleados públicos y apenas ganan para “medio comer”, dicen.
“Tenemos dos niñas de tres y cinco años. La mayor tiene una afección renal. Aquí no podemos tratarla, no hay medicamentos”, asegura Carrillo.“Lo que arranca como una medida de apoyo termina siendo algo complejo. No están siendo solidarios, estamos siendo excluidos”, se quejó Leipzig.
