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Lausana, Suiza. ¿Se puede ayudar a un detenido enfermo a suicidarse? El caso inédito en Suiza de un peligroso criminal recluido de por vida, que desea recurrir al suicidio asistido, pone en evidencia un vacío jurídico que las autoridades quieren zanjar a principios del 2020.
“Es más humano querer suicidarse que estar enterrado vivo en los próximos años”, escribió Peter Vogt. Con 69 años, este hombre con sobrepeso dice que ya sufre varias enfermedades, como insuficiencia renal y cardíaca.
Este violador reincidente purgó su pena hace más de 10 años, pero sigue internado de por vida en el establecimiento penitenciario de Bostadel (norte) ya que sus problemas psíquicos hacen de él una persona muy peligrosa. Solo está autorizado, de manera excepcional, a salir de la cárcel con policías.
Esta “vida sin futuro no es vida”, afirmó. “Es mejor estar muerto que detrás de estos muros como un vegetal”.
En julio del 2018, el detenido se puso en contacto con Exit Deutsche Schweiz, una organización de asistencia al suicidio. “Le respondimos que su caso particular tenía que ser esclarecido”, dijo Jürg Wiler, su vicepresidente.
En Suiza, la práctica de la asistencia al suicidio está sujeta a los códigos de deontología médica y a organizaciones como Exit, que tiene sus propios límites (edad, enfermedad), más restrictivos que el código penal.
La ley establece que “solo el que ‘impulsado por un móvil egoísta’ brinda asistencia al suicidio a alguien es condenable”.
Las autoridades quieren zanjar la cuestión a principios del 2020 y por ello han pedido la opinión del Centro Suizo de Competencias en Materia de Ejecución de Sanciones Penales (CSCSP).
Derecho al suicidio
Estos expertos estimaron en octubre que el suicidio asistido en las cárceles tendría que ser posible, bajo ciertas condiciones, conforme al “derecho a la autodeterminación” de los individuos.
Cualquier detenido capaz de discernir debería poder recurrir al suicidio “cuando padece una enfermedad física o psíquica que conlleva sufrimientos insoportables”, explicó Bárbara Rohner, jurista y autora principal del informe del CSCSP.
Peter Vogt quiere acabar con su vida ya que "el deterioro de su calidad de vida no se puede soportar más". Además ya no puede ver a su madre, que vive en Austria y está gravemente enferma.
Según indicó al diario Blick, querría morir el próximo 13 agosto, cuando cumpla 70 años.
Entre 1974 y 1990, Vogt fue condenado por varios delitos sexuales y de violencia contra más de 10 niñas y mujeres, de 10 a 56 años, según las autoridades.
En 1996 fue condenado a 10 años de cárcel, antes de ser recluido de por vida, una medida introducida en el 2004 tras una votación popular.
Peter Vogt aseguró que conocía a otro detenido que quería recurrir al suicidio asistido. “Nadie merece suicidarse solo en su celda”, sin ayuda.
En Ginebra, la copresidenta de la filial francófona de Exit, Gabriela Jaunin, afirmó que la organización conocía a un detenido interesado en el tema.
Exit Suisse Romande estableció como principio -si la autoridades dan su visto bueno- aceptar únicamente las solicitudes de los prisioneros que sufren enfermedades físicas graves.
El tema sigue levantando polémica.
“Son las víctimas y sus familias las que tienen que tomar la decisión, lo que en estos hechos no es lamentablemente posible”, declaró Christine Bussat, fundadora de la asociación suiza Marche Blanche.
La mayoría de juristas y criminólogos considera, por su parte, que es inconcebible privar a los detenidos de ayuda para suicidarse, puesto que el resto de la población lo tiene.
