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Ciudad de Guatemala. Un tribunal guatemalteco condenó este miércoles a penas de más de 30 años de prisión a cuatro militares de alto rango retirados, por la desaparición forzada del joven Marco Antonio Molina Theissen y la violación y tortura de su hermana Emma Guadalupe en 1981, durante la guerra civil (1960-1996).
El juez Pablo Xitumul leyó la sentencia condenatoria contra los generales retirados Benedicto Lucas -exjefe del Estado Mayor del Ejército- y Manuel Callejas, y los coroneles jubilados Francisco Gordillo y Hugo Zaldaña.
A Lucas, Callejas, Gordillo y Zaldaña les impusieron 33 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y violación agravada, por los vejámenes cometidos en un un cuartel contra Emma Guadalupe Molina Theissen.
Por la desaparición forzada de su hermano, Marco Antonio, fueron sentenciados a 25 años más de prisión todos los militares excepto Gordillo. El tribunal absolvió de los cargos al quinto implicado, el general retirado Edilberto Letona, agregó el juzgador.
La condena fue decidida por unanimidad por los tres jueces que integran el Tribunal de Mayor Riesgo C, uno de los que revisa en Guatemala los casos de alto impacto social.
El tribunal consideró que los militares actuaron contra civiles y “se extralimitaron” en la doctrina de lucha contra los grupos insurgentes durante el conflicto armado.
Decenas de activistas, que esperaron casi 14 horas para escuchar la sentencia, aplaudieron, se abrazaron y gritaron al conocerla, mientras que familiares y allegados de los militares lanzaron consignas a favor de los condenados y cantaron el Himno del Ejército.
“La familia Molina Theissen alcanza la justicia tan anhelada, después de casi 37 años de lucha. Este proceso, reparatorio, reconoce su verdad”, declaró la costarricense Marcela Martino, subdirectora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
Las Fuerzas Armadas guardaron silencio por las condenas contra los exjefes castrenses y el vocero de la institución, Óscar Pérez, se limitó a indicar de que el Ejército era “respetuoso de la decisión de los órganos Jurisdiccionales”.
El adolescente Molina Theissen fue secuestrado por una unidad del Ejército en la residencia de sus padres, en la capital guatemalteca, el 6 de octubre de 1981 cuando tenía 14 años, y continúa sin saberse de él hasta la fecha.
El plagio fue cometido un día después de que su hermana, en esa época de 21 años, escapó de un cuartel militar en el oeste del país donde sufrió torturas y violación en varias ocasiones por soldados.
“Quiero decirles a los señores acusados que les devuelvo la vergüenza, que les devuelvo el terror (...). Ojalá que tengan un poquito de honor y nos digan dónde está Marco Antonio”, expresó el lunes -durante la fase final del proceso- Emma Guadalupe sobre su hermano.
Por su lado, los militares retirados, detenidos desde enero del 2016, desacreditaron las acusaciones y señalaron que el juicio perseguía un resarcimiento económico, lo cual rechazó la familia.
Benedicto Lucas es hermano del extinto expresidente Romeo Lucas (1978-1982), derrocado por un golpe de Estado que llevó al poder al recién fallecido exdictador Efraín Ríos Montt.
Gordillo, uno de los condenados este miércoles, formó en tanto parte de un triunvirato militar que gobernó tras el golpe.
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Por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado guatemalteco pidió perdón -en noviembre del 2006- por la desaparición del menor.
Lucas escuchó la sentencia del tribunal por videoconferencia desde el hospital militar donde se encuentra recluido.
A pesar de las penas, la legislación guatemalteca estipula que una persona solo puede pasar hasta 50 años en prisión.
El general Lucas tiene una orden adicional de enjuiciamiento junto a otros siete militares, emitida en junio pasado, por su presunta participación en al menos 88 masacres de indígenas.
Estas ocurrieron sobre todo en el norteño departamento de Alta Verapaz, durante la guerra civil que azotó a este país por 36 años.
Alejandra Castillo, subdirectora del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), estimó que la sentencia contra los altos oficiales es un precedente para “garantizar la no repetición” en el país de las atrocidades cometidas en la guerra interna.
El conflicto armado guatemalteco dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas, que responsabilizó a las fuerzas de seguridad del Estado de 93% de las violaciones de los derechos humanos cometidas en ese período.
