AFP. 12 agosto
El multimillonario Jeffrey Epstein (izquierda) y su abogado, Martin Weinberger, presentes en una audiencia en un tribunal federal de Nueva York, el 15 de julio del 2019.
El multimillonario Jeffrey Epstein (izquierda) y su abogado, Martin Weinberger, presentes en una audiencia en un tribunal federal de Nueva York, el 15 de julio del 2019.

Washington. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo el lunes que recibió información de “serias irregularidades” en la prisión federal donde fue hallado muerto el multimillonario Jeffrey Epstein, en lo que en una primera instancia había parecido un suicidio.

Barr, quien había anunciado el sábado la apertura de dos investigaciones sobre este caso, dijo sentirse “consternado” y “sumamente disgustado” al enterarse de las fallas “para asegurar de forma adecuada” la prisión federal de Manhattan, donde se encontraba detenido el financista desde principios de julio a la espera de un juicio por explotación sexual de menores.

“Les garantizo que la investigación seguirá contra quienquiera que haya sido cómplice de Epstein”, afirmó el secretario de Justicia estadounidense en una conferencia de prensa en Nueva Orleans.

Varios medios estadounidenses señalaron el domingo que el magnate, uno de los detenidos más importantes del país, se había quedado solo en su celda cuando se suponía que en todo momento debían ser dos, y que las rondas previstas cada 30 minutos no se habían cumplido.

A Epstein, quien ya había sido encontrado semiinconsciente el 23 de julio después de un aparente primer intento de acabar con su vida, tampoco se le aplicó la vigilancia antisuicidio desde el 29 de julio.

El magnate, de 66 años, que se había codeado con importantes políticos y miembros del jet set estadounidense, fue hallado muerto alrededor de las 6:30 a. m. del sábado en la prisión federal de Manhattan, donde esperaba su juicio, que comenzaría como máximo en junio del 2020.

Su muerte tras menos de un mes de su arresto por múltiples abusos contra menores ha suscitado una gran indignación, en especial entre sus presuntas víctimas, que ahora nunca lo verán responder por sus delitos ante la Justicia. Los cargos en su contra podían suponerle una condena de hasta 45 años.