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Cali. Tres meses de dolorosa incertidumbre llegaron a su fin: Colombia identificó plenamente este lunes los cuerpos de los tres ecuatorianos del equipo de prensa del diario El Comercio de Quito que fueron asesinados en cautiverio por rebeldes disidentes de las FARC en la frontera.
Los cadáveres que habían sido recuperados el jueves por la policía en una zona selvática y limítrofe de Tumaco, corresponden a los del periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60), secuestrados el 26 de marzo, según la Fiscalía colombiana.
“Se le ha informado a los familiares que los cuerpos pertenecen efectivamente a los tres periodistas ecuatorianos”, dijo el jefe del organismo, Néstor Humberto Martínez.
Las autoridades lograron establecer la identidad de los cadáveres tras el cotejo de ADN y exámenes forenses que concluyeron en la madrugada en la ciudad de Cali (suroeste).
“Este horrendo crimen no va a quedar en la impunidad y muy tempranamente actuará la justicia para que se establezcan las responsabilidades correspondientes”, señaló Martínez en una breve declaración a la prensa.
Familiares de los trabajadores del diario El Comercio acompañaron el proceso de identificación.
Los cuerpos ahora “serán entregados a las autoridades ecuatorianas, que ya dispusieron del transporte aéreo desde Cali para tal efecto”, indicó el gobierno de Juan Manuel Santos en un comunicado difundido por la cancillería.
Sin embargo, no precisó la fecha del traslado.
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Un cuarto cuerpo también fue hallado dentro de la fosa rodeada de minas donde habían sido arrojados en medio de una intensa cacería militar, aunque su identidad no ha sido esclarecida, según el fiscal.
El equipo periodístico cayó en poder del grupo que dirige el exguerrillero Walther Arizala, conocido con el alias de Guacho, cuando realizaban un reportaje en la convulsa frontera donde operan bandas del narcotráfico.
Los tres fueron asesinados en cautiverio en Colombia, según anunció el gobierno ecuatoriano el 13 de abril, tras la difusión de unas fotografías que mostraban a tres hombres encadenados y ejecutados.
Guacho se apartó del pacto de paz con la ya disuelta guerrilla de las FARC, que condujo el año pasado al desarme de unos 7.000 combatientes y a la creación de un partido de izquierda con las mismas siglas.
Los captores pretendían la excarcelación de allegados a Arizala presos en Ecuador, a cambio de la liberación de los rehenes. Una negociación que según los disidentes se frustró por los operativos militares.
Las familias de Ortega, Rivas y Segarra dieron a conocer el compromiso de Colombia de mantenerlos al tanto de las investigaciones para esclarecer este crimen sin antecedentes en Ecuador.
“Ratificamos el compromiso que ha hecho la fiscalía del Estado colombiano en cuanto a que tengamos directo acceso al expediente, a la información, a todas las investigaciones realizadas”, expresó Xavier Andrade, representante de los ecuatorianos, en un mensaje a los medios.
Los dos gobiernos han recibido duras críticas por la información contradictoria que ofrecieron del caso.
Desde un comienzo el secuestro y asesinato de los ecuatorianos estuvo rodeado de controversia.
Incluso el sábado, mientras avanzaban las pesquisas forenses, el gobierno ecuatoriano envió una carta de protesta a Colombia por el manejo “precipitado” e “insensible” de la información relacionada con los cuerpos.
El enojo del gobierno de Lenín Moreno se originó en un tuit del ministerio colombiano de Defensa difundido el viernes, en el que aseguró que ya había un “99%” de certeza de que los cadáveres correspondían a los del equipo de reporteros.
El ministerio lanzó la afirmación apoyado en el análisis de las cartas dentales.
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Sin embargo, autoridades forenses desmintieron esa versión, tras lo cual las familias de los ecuatorianos expresaron un enérgico rechazo.
Ya “son 88 días de tortura psicológica y emocional, de un trato irrespetuoso e indigno a estas familias”, lamentó entonces Yadira Aguagallo, pareja de Rivas.
El gobierno de Santos negó durante varias semanas que el crimen se hubiera perpetrado en su territorio, para luego terminar aceptándolo.
A raíz de este caso, Colombia y Ecuador lanzaron una feroz cacería contra Guacho en ambos lados de la frontera.
De origen ecuatoriano, este exguerrillero es acusado por el ejército colombiano de operar como brazo armado del cartel mexicano de Sinaloa y de tener también secuestrados a los ecuatorianos Óscar Villacís (24) y su compañera Katty Velasco (20).
Sin un mando unificado, los rebeldes disidentes operan en apartados puntos de Colombia donde disputan las rentas del narcotráfico y de la minería ilegal. Estos grupos estarían conformados por unos 1.200 combatientes.
