Moreno "acaba de presentar (ante la Asamblea Nacional) la objeción total al proyecto", denominado Código Orgánico de Salud (COS), dijo a la prensa la secretaria jurídica de la presidencia, Johana Pesántez.
Una mayoría de asambleístas aprobó en agosto ese proyecto, que consideraba como una emergencia obstétrica el aborto de cualquier tipo o causa cuando el embarazo comprometía la salud de la mujer y del feto.
También prohibía a los hospitales y médicos negar la atención a ese tipo de emergencia y los obligaba a "respetar la confidencialidad, privacidad, el secreto profesional y los derechos de las mujeres".
En Ecuador, un Estado laico, el aborto está penalizado y solo es permitido cuando la madre está en riesgo, con comprobación médica, o si el embarazo es por violación a alguien con discapacidad mental.
El proyecto rechazado por el Ejecutivo también fijaba reglas para el uso medicinal del cannabis después de que el mismo Legislativo aprobara hace un año reformas para regular su producción para uso terapéutico.
Una ley en vigencia desde 2015 autoriza en Ecuador la producción y uso de medicamentos y productos obtenidos del cannabis para utilización terapéutica o de investigación médico-científica.
En su objeción, Moreno expresó a la Asamblea Nacional que "carece el proyecto de ley de una verdadera actualización" de los códigos de salud en momentos en que se enfrenta una pandemia, sin que el país cuente con reglas para "responder a este tipo de realidades".
El Parlamento ecuatoriano podrá retomar el análisis del mismo proyecto de ley después de un año.
"¡La salud es un tema integral! Veté el Código Orgánico de Salud por consideraciones técnicas y porque no responde a las necesidades actuales de la población", manifestó Moreno luego por Twitter.
Agregó: "Invito a todos a trabajar en un nuevo proyecto que recoja las demandas de salud de los ecuatorianos".
El aborto fue incluido en el proyecto de Código Orgánico de Salud (COS) después de que el Congreso rechazara hace un año reformas penales para la legalización de la interrupción del embarazo por violación y por malformación del feto.
También se buscaba el aborto sin pena para los embarazos por inseminación no consentida, lo que es castigos con hasta 10 años de prisión para quien la practique.
El código penal vigente desde 2014 establece que la mujer embarazada que se cause un aborto o permita que otra persona se lo realice será sancionada con cárcel de seis meses a dos años. Si durante el procedimiento la mujer muere, quien lo practique será penado con hasta 16 años de prisión.
