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Desde el lunes 23 de enero, las calles de Quetzaltenango, Guatemala, son escenario de marchas de ciudadanos, quienes junto a sus mascotas exigen justicia por los perros callejeros que murieron envenenados luego de ser alimentados por los dueños de una panadería local.
Un video de una cámara de seguridad muestra como el 22 de enero los hijos del dueño de la panadería Xelapan, Orlando y Luis Guzmán, caminaron por la calle mientras repartieron pan a los animales callejeros. Minutos después, los tres perros, conocidos por los vecinos como Negrito, Nucita y Loba, murieron por envenenamiento.
Los hechos desataron una ola de manifestaciones y acciones legales en contra de los herederos de la empresa, que tiene 40 años de existir.
La protesta más grande ocurrió el lunes, cuando al menos 200 personas se congregaron frente a Xelapan. Imágenes difundidas en internet muestran los vidrios del edificio quebrados, incluso, un manifestante protagonizó una pelea con el guarda del local.
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Mediante un comunicado, la empresa enfatizó que no es responsable de las acciones individuales de sus trabajadores. Cada persona “actúa bajo libertad y asume las consecuencias de sus actos”, se lee en el comunicado, en el cual Xelapan no aceptó ni negó la responsabilidad de los hermanos Guzmán en la muerte de los canes.
El empresario y fundador de Xelapan, Carlos Guzmán, acompañó a que su hijo atendiera el llamado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). En declaraciones para La Voz de Xela el hombre aseguró que su hijo cometió “actos condenables a los cuales él y solo él debe responder”.
“Vamos a trabajar para ayudar a que un problema que afecta a la comunidad que son los perros callejeros tengan una situación que permita que los quetzaltecos no estemos enfrentando tantos problemas, porque a veces no se puede circular”, comentó el fundador de la panadería.
El empresario dijo que se apoyará en los recursos de Xelapan para ayudar a solucionar lo que digan las autoridades. “Estamos para servir, para reparar el daño y para que podamos contribuir a que las cosas sean mejor aunque el daño ocasionado, la vida que se perdió, no se va a reponer”, concluyó.
¿Qué acciones se tomaron?
De acuerdo con el medio local lahora.gt, el diputado del Partido Unionista, Alvaro Arzú Escobar, solicitó que la Unidad de Bienestar Animal del MAGA presentara un informe de las acciones sobre el caso. A esta solicitud se unió en diputado del Movimiento Semilla, Román Castellanos.
El legislador unionista también recordó la Ley de Protección y Bienestar Animal que se aprobó en el 2017, la cual sanciona el maltrato animal y estipula entre las faltas “gravísimas” el envenenamiento o intoxicación a los animales. Según la norma, quienes cometan este tipo de delitos se ven expuestos a sanciones que van desde los 12 salarios mínimos.
