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La Haya. Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) sentenciaron el jueves que el tribunal tiene jurisdicción para investigar las denuncias de que las Fuerzas Armadas de Birmania han expulsado a cientos de miles de musulmanes rohinyás de sus hogares. Esto significa que los crímenes cometidos contra esa minoría étnica se pueden procesar ante el tribunal con sede en La Haya aunque ese país no sea uno de los países miembros.
La Corte dijo en un comunicado que la fiscala, Fatou Bensouda, debe tomar en cuenta el fallo sobre jurisdicción “al realizar su examen preliminar de los crímenes presuntamente cometidos contra el pueblo rohinyá".
La indagación preliminar, cuyo objetivo es determinar si existen pruebas suficientes para iniciar una investigación en regla, “debe concluir en un período razonable , añadió.
Bensouda no ha anunciado oficialmente un examen preliminar, pero los jueces dijeron en su pronunciamiento que el estudio realizado hasta ahora del problema rohinyá cumple ese propósito.
Richard Dicker, director internacional de justicia de Human Rights Watch, expresó a la AP: “Este es un paso crucial para exigir cuentas por los delitos contra los rohinyas y provocará gran alboroto”.
Bensouda pidió un fallo sobre jurisdicción con el argumento de que si bien los rohinyás fueron expulsados de sus hogares en Birmania, parte del delito consistió en obligarlos a cruzar la frontera a Bangladés, que sí es miembro del tribunal.
Abundan los informes de atrocidades cometidas contra la minoría rohinyá en Birmania.
La semana pasada, investigadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijeron que se debería procesar a los jefes militares de Birmania por genocidio contra los musulmanes rohinyás e incluso identificaron (lo que es inusual) a seis de ellos que dice estuvieron entre los autores de los crímenes sistemáticos contra la minoría étnica.
Birmania se negó a dar una respuesta formal mientras estudia el problema de la jurisdicción.
Los rohinyás son tratados como forasteros en Birmaniar, país de mayoría budista, a pesar de que sus familias viven ahí desde hace generaciones. Desde 1982 se les ha denegado la ciudadanía a casi todos, lo cual los vuelve apátridas, y se les niega la libertad de movimiento y otros derechos fundamentales.
