El presidente, Hugo Chávez, afirmó la noche del martes que en el proyecto de ley sobre la propiedad de la tierra en Venezuela se incluyó la figura de la intervención y expropiación de tierras a los hacendados que tengan grandes extensiones de terreno sin cultivar.
Chávez, además, declaró que podría decretar un estado de excepción para combatir a algunos sectores económicos y banqueros que ``"están jugando a la presión y la especulación" en contra de la moneda venezolana.
Manifestó que la proyectada nueva legislación sobre tierra "facultará al gubernamental Instituto Agrario Nacional a ``intervenir de manera directa e inmediata" aquellos terrenos actos para el cultivo que no estén en uso ``porque una tierra ociosa está en condición de ilegalidad".
La Constitución venezolana contempla la legalidad de las intervenciones y la posterior expropiación, luego de una sentencia firme y el pago oportuno de una justa indemnización por motivo de utilidad publica, precisó Chávez durante la inauguración de una empresa textil en el este de Caracas.
El mandatario venezolano, que ha dicho que desconoce el derecho a la propiedad de muchos hacendados, agregó que el proyecto de ley "prevé también la fijación de impuestos a las tierras que estén siendo ``subutilizadas".
Chávez pidió que ``nadie "se asuste" argumentado que "la medida lo que procura es beneficiar a unos dos millones de campesinos que no tienen ni un ``pedacito de tierra para sembrar".
El censo agropecuario de 1998 reveló que 17,9 millones de hectáreas o un 60% de las tierras aptas para la agricultura y la ganadería están en manos del 0,002% de la población.
Ese padrón también reveló que 9,5 millones de los 11,5 millones de hectáreas que el Instituto Agrario Nacional distribuyó a partir de 1961 entre campesinos pobres acabaron en manos de grandes hacendados.
En otro orden de cosas, el ministro de Defensa venezolano, José Vicente Rangel, ratificó ayer la decisión de desalojar la misión militar estadounidense del caraqueño Fuerte Tiuna, principal fortaleza del país, donde funciona desde 1951, aunque aún no fijó plazo para dar cumplimiento a la medida.
"No se puede reivindicar el anterior acuerdo de 1951 pues es completamente anacrónico", dijo Rangel a la emisora Unión Radio al referirse al convenio que autorizó a esa misión a tener una oficina en el fuerte Tiuna, también sede del ministerio de Defensa venezolano.
El Ministro aseguró que la cooperación militar con Estados Unidos continúa y nada tiene que ver con la salida de la misión de ese local castrense.
En declaraciones a la prensa ayer y tras una entrevista con la embajadora de Estados Unidos en Caracas, Donna Hrinak, Rangel insistió en la medida al señalar que "las decisiones que toma el Gobierno son irreversibles".