EscucharLa sangrienta riña entre reos ocurrida el miércoles en una cárcel de El Salvador, con saldo de 31 muertos y 28 heridos, tuvo como principales causas “el hacinamiento y la corrupción”, afirmó ayer un organismo de derechos humanos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) expresó, en un comunicado difundido ayer en esta capital, “su extrema preocupación por la situación de inseguridad en los penales de San Salvador que se ha puesto de manifiesto el pasado 18 de agosto”.
En esta dirección se pronunció, ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al gobierno de Antonio Saca a revisar su política penitenciaria.
“La CIDH considera de extrema gravedad estos hechos, e insta al Estado salvadoreño a tomar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las personas recluidas en el penal La Esperanza”, dijo en un comunicado la Comisión, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Se considera de crucial importancia la revisión de la política penitenciaria en El Salvador y, en particular, la superación de los niveles de hacinamiento, para lo cual la CIDH ofrece al Estado salvadoreño su colaboración dentro de la esfera de su competencia”, añadió.
El pasado miércoles, decenas de pandilleros y reos comunes protagonizaron una batalla campal en el centro penal La Esperanza, situado en la población de Mariona, en las afueras de San Salvador, al parecer porque uno de los “mareros” insultó y trató de abusar de la hija de otro reo.
Durante los enfrentamientos explotaron varias granadas fragmentarias artesanales, pero la mayoría de víctimas fueron agredidas con armas cortantes, también de elaboración artesanal, así como con palos y piedras.
Llamado de atención
El comunicado de la FIDH consideró que “tales niveles de violencia se encuentran estrechamente relacionados con las condiciones en que se encuentran los reclusos, en particular el hacinamiento en el centro, construido para albergar a 800 presos y en la actualidad se encuentran 3.274”.
La FIDH expresó, además, que en los centros penales “no existe ningún tipo de separación entre las distintas categorías de reclusos, lo que incrementa considerablemente las posibilidades de disturbios”.
Añadió que “la persistencia de armas blancas y de pólvora en las prisiones se debe en gran medida a la corrupción, que sumado al hacinamiento, muestran que las medidas implementadas por las autoridades, como el Plan de Reordenamiento Penitenciario, no han cumplido sus objetivos”.
El director del centro penal La Esperanza, José Antonio Guzmán Blanco, informó ayer del traslado de 387 pandilleros y reos comunes que participaron en la riña a otros recintos, por lo que el número de reclusos ahora es de 2.707.
Tras el retiro de los causantes de la masacre, una división de élite de la Policía Nacional Civil (PNC) inició ayer “un registro para decomisar armas artesanales”, manifestó la portavoz de la dirección de Centros Penales, Keina Mejía.
El peligro de mezclar pandilleros con reclusos comunes ya había sido advertido con anterioridad por la procuradora para la defensa de los Derechos Humanos, Baatrice Alamanni, y una jueza dedicada a la atención de los reclusos.
