“Como parte de la política de resarcimiento por los daños ocurridos durante el conflicto armado (1960-1996), el Estado guatemalteco acepta el fallo y procederá a cumplir con lo que le corresponde”, dijo ayer un portavoz de la Secretaría de la Paz de la Presidencia.
La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, precisó la fuente, deberán cumplir con el proceso judicial en contra de los supuestos responsables de esa matanza, y el Poder Ejecutivo con el pago de más de $3 millones por el concepto de resarcimiento a los familiares de las víctimas de esa acción.
La Corte, que es un organismo de la Organización de Estados Americanos, declaró culpable, el pasado 24 de noviembre, a Guatemala por violar el derecho a la protección judicial, a la protección familiar y a la integridad personal por esa matanza.
“La Corte constata que la masacre de Las Dos Erres se enmarcó en un contexto sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos en Guatemala, en el cual ocurrieron múltiples masacres”, indica la sentencia.
Además, ordenó “investigar seriamente a todos los presuntos responsables, incluyendo la participación intelectual de altos oficiales y funcionarios estatales”, así como exhumar, identificar y entregar los restos de las personas fallecidas en la matanza a sus familiares.