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Buenos Aires AFP y AP. El Gobierno argentino apeló ayer ante la Corte Suprema el fallo de un tribunal que antier aceptó una petición del influyente Grupo Clarín y frenó la aplicación de una cláusula clave antimonopólica de la “ley de medios”, informó la Presidencia.
El Gobierno “presentó el recurso extraordinario de per saltum (acceso directo para casos sensibles) a fin de revocar la extensión de la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín ”, señaló el sitio Internet de la Presidencia.
La jefatura de Gabinete pidió a la Corte que “suspenda de manera inmediata” y luego declare nulo el fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que benefició a Clarín al detener la aplicación de dos artículos de la legislación que lo obligaban a desprenderse de licencias de señales audiovisuales.
En un duro ataque a la decisión, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo: “Terminamos de confirmar que la Cámara es el brazo jurídico del grupo ilegal”, aludiendo así a Clarín en sus declaraciones a la agencia oficial de noticias Télam .
En tanto, el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López, calificó como “una mafia” a los jueces que integran la Cámara en lo Civil y Comercial y tildó de “bochorno” el fallo en entrevista con radioemisora La Red.
La Cámara frenó el proceso de licitación de licencias de radio y televisión ante un reclamo de Clarín, el mayor grupo multimedial de Argentina y de los más grandes de América Latina, considerado un revés judicial para la presidenta Cristina Fernández, enfrentada con el grupo hace años.
Según datos del ente regulador, Clarín posee “el 41% del mercado de radio, el 38% de la TV abierta y el 59% de la TV por cable, cuando el máximo (que marca la ley) en todos los casos es 35%”.
Clarín sostiene que la verdadera intención de la ley es desguazar el grupo, atentar contra la libertad de prensa y crear un bloque de medios favorables al Gobierno.
Alberto Fernández, exjefe de Gabinete de la administración de Fernández, y ahora enfrentado a la política, dijo que “con la décima parte del esfuerzo que puso el gobierno en esta ley se hubiera terminado con la inflación o mejorado la situación de la seguridad”.
El Poder Ejecutivo apostó al 7 de diciembre, como una fecha emblemática de su gestión, mientras la inseguridad y la inflación son los temas que más preocupan a la población, según las encuestas.
Control de medios. En ese contexto, legisladores opositores se reunieron ayer en el Congreso con directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para denunciar que “Argentina camina peligrosamente hacia el control por el Estado de los medios de comunicacion”, según la senadora del Frente Amplio Progresista y periodista Norma Morandini.
La SIP advirtió de que continúan existiendo “graves inconvenientes para el ejercicio libre del periodismo en el país”.
Según la entidad, “en Argentina la crítica no está criminalizada penalmente, pero el Gobierno se ocupa de desacreditarla socialmente desde el poder, mediante el hostigamiento constante hacia medios y periodistas críticos”.
