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Buenos Aires. (AFP). La presidenta argentina, Cristina Kirchner, continuó este martes la batalla judicial contra Clarín, un multimedios crítico de su gobierno, al apelar fallos adversos, uno de la Corte y otro de la Cámara de Apelaciones, para poder aplicarle al grupo una cláusula contra monopolio en una causa que se ventila desde hace tres años.
"El Gobierno presentó (este martes) un recurso extraordinario para que la Corte Suprema deje sin efecto lo resuelto por la Cámara, al extender la medida cautelar a favor del Grupo Clarín ", anunció el ministerio de Justicia en un comunicado de prensa.
La Corte Suprema había rechazado el lunes "por inadmisible" un recurso de 'per saltum' (avocamiento en caso de gravedad institucional) elevado por el Gobierno para que el máximo tribunal tomase el caso y decidiera si se pueden licitar numerosas licencias de radio y TV en poder de Clarín.
El multimedios ha tenido éxito hasta el momento en frenar en la Justicia con una medida cautelar la aplicación de la cláusula antitrust de la ley de medios, sancionada en 2009 con el voto mayoritario del Congreso, incluso de fuerzas opositoras.
El ente regulador audiovisual del gobierno afirma que Clarín posee "el 41% del mercado de radio, el 38% de la TV abierta y el 59% de la TV por cable, cuando el máximo (legal) en todos los casos es 35%", por lo que se debería iniciar el proceso de licitación de los bienes que exceden los topes que marca la ley.
"La Justicia está bien planteada, haciendo honor a su independencia", opinó el martes en declaraciones radiales el opositor de centroderecha Julio Cobos, vicepresidente en el primer mandato de la mandataria (2007/2011).
La causa de Clarín está empantanada en los tribunales desde que el grupo pidió que se declare inconstitucional la cláusula antimonopólica con el argumento de que atenta contra la propiedad privada y la libertad de expresión.
El jueves pasado, la Cámara de Apelaciones asestó el primer golpe al Gobierno al ratificar una medida cautelar que impide iniciar las licitaciones hasta que se pronuncie un juez de primera instancia. La Corte respaldó el lunes esa decisión.
El dictamen de la Cámara echó por tierra el llamado '7D', fecha en la cual Kirchner quería iniciar el proceso de transferencia de medios en manos de Clarín .
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) apoyó la semana pasada a Clarín al afirmar "lo que está en juego es la vigencia de la libertad de expresión en el país", citando opiniones que escuchó en audiencias con decenas de periodistas locales.
En cambio, el senador oficialista y exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, criticó el martes los fallos judiciales, en declaraciones radiales, al señalar que "hay jueces que son la cara evidente de una justicia hecha a medida de los poderosos y así la democracia estará en riesgo".
Kirchner había reclamado el domingo en un multitudinario acto popular en la Plaza de Mayo que la "justicia tiene que ser independiente de la política y de las corporaciones".
Desde otro enfoque un director por la oposición en el ente regulador audiovisual, el socialdemócrata Marcelo Stubrin, preguntó este martes en declaraciones radiales: "¿Qué sería de las minorías si el Poder Judicial siguiera la tendencia hegemónica de determinadas democracias?".
Kirchner y la dirigencia oficialista suelen ironizar o responder con frecuencia a las críticas al gobierno que Clarín publica en su diario o que emite en sus medios audiovisuales, en un enfrentamiento sin tregua que se remonta a 2008.
Clarín es uno de los principales grupos mediáticos de América Latina y tiene el diario de mayor circulación en Argentina, además de canales de aire y de cable, radios y 237 redes de TV por cable, con un volumen de negocios de 9.753 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares) en 2011.
Al margen de las recusaciones y quejas, el fallo que empezará a decidir el caso será el que prepara el juez de primera instancia Horacio Alfonso, luego de recibir el dictamen de un fiscal a comienzos de 2013, según fuentes judiciales citadas por la prensa local.
Sólo cuando exista un dictamen de primera instancia sobre si la cláusula es o no constitucional, el caso podrá llegar a la Corte, cuya independencia de criterio es vox pópuli.
