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Lima. AFP. El expresidente Alberto Fujimori, que salió de Perú como presidente hace siete años, regresó ayer extraditado desde Chile, detenido y con la obligación de responder por delitos de violación a los derechos humanos y corrupción.
Fujimori, de 69 años, llegó cerca de las 16:40 (hora local) a la base militar de Las Palmas, al sur de Lima, y casi de inmediato fue trasladado en helicóptero a la sede de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), que será su sitio de reclusión de manera temporal, según señaló la ministra de Justicia, María Zavala.
La llegada del exmandatario a la capital peruana –tras un periplo de casi 9 horas desde Santiago– estuvo rodeada de un espectacular dispositivo de seguridad que no permitió a los medios verlo a su llegada a Lima, ciudad que dejó en el 2000 en medio del peor escándalo de corrupción en la historia del país.
El destino de Fujimori –presidente del Perú entre 1990 y el 2000– quedó sellado el viernes, cuando la Corte Suprema de Chile aprobó su extradición por dos cargos de violación a los derechos humanos y cinco de corrupción.
Ambiente especial. La policía habilitó en la sede de la Diroes, en el este de Lima, un ambiente especial, con un dormitorio, un pequeño estudio y un baño, construido con concreto armado y vidrios blindados para recluirlo allí.
El expresidente quedará detenido bajo un régimen especial que le permitirá dos horas de patio al día y visitas restringidas a sus familiares cercanos y abogados.
Deberá, asimismo, conversar a través de una ventanilla y no podrá tener televisión pero sí acceso a revistas y periódicos.
Las autoridades peruanas han expresado su intención de llevar a cabo un juicio rápido y en el cual el exmandatario goce de todas las garantías.
El cargo más grave que enfrenta es por las matanzas de la Cantuta y Barrios Altos en Lima entre 1991 y 1992, ejecutadas por un escuadrón paramilitar. La justicia peruana deberá probar si él ordenó o estaba al tanto de esos operativos. La Fiscalía pide por este caso 30 años de prisión.
Más allá del aspecto judicial, el regreso a Lima tiene grandes connotaciones políticas, en un país donde todavía él y sus seguidores tienen gran influencia.
Con 13 congresistas sobre 120 en el Congreso unicameral, el fujimorismo ha hecho alianza –circunstancial y tácita– con el gubernamental APRA del presidente García, lo que podría modificarse con esta nueva situación.
“El fujimorismo va a movilizarse, va a estar fuerte. El fujimorismo tiene mucho arraigo popular, esa gente me va a respaldar”, aseguró el expresidente a la prensa de Chile el viernes, a donde había llegado en noviembre del 2005 desde Japón.
