San Salvador, El Salvador. La Fiscalía de El Salvador pidió este jueves cadena perpetua para más de 550 cabecillas de la pandilla Barrio 18, acusados de “terrorismo” y otros crímenes.
La organización Barrio 18 y su rival Mara Salvatrucha (MS-13) -activas también en Honduras y Guatemala- fueron desarticuladas en El Salvador en una ofensiva que emprendió el presidente Nayib Bukele en 2022.
En la acusación formal contra el grupo de la Barrio 18, figuran más de 14.000 delitos, incluido el de “pertenencia a una organización terrorista, el cual contempla la pena perpetua”, aseguró el fiscal Max Muñoz.
Según el fiscal adjunto contra el crimen organizado, también se les acusa de “rebelión” por haber “intentado imponer un estado criminal” y de actos de terrorismo vinculados a ataques contra la fiscalía, la policía y un centro judicial.
El terrorismo es castigado en El Salvador con cadena perpetua tras una reforma constitucional aprobada en abril por el Congreso, dominado por el oficialismo.
Los acusados ocupaban puestos de mando, controlaban las finanzas de la estructura, y ordenaron asesinatos y masacres, entre 2012 y 2026, según la Fiscalía.
De los 564 acusados, que pertenecen a las facciones Revolucionarios y Sureños de la Barrio 18, 474 están presos y 90 son procesados en ausencia, agregó.
El proceso se suma al juicio masivo iniciado en abril contra 485 líderes de la MS-13, acusados de unos 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos los asesinatos de 87 personas en marzo de 2022 que llevaron a Bukele a lanzar su “guerra” antipandillas.
Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, los compara con los juicios de Núremberg contra los jerarcas nazis.
Sin embargo, oenegés humanitarias aseguran que los juicios masivos violan el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y ponen en riesgo a miles de personas detenidas sin pruebas.
Bukele goza de amplia popularidad por someter a las pandillas, pero grupos de derechos humanos denuncian que entre los más de 93.000 detenidos desde 2022 hay miles de inocentes y más de 500 muertes en prisión.