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La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó el 26 de junio de 2026 una acusación formal ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado por el caso de 86 salvadoreños que fueron llevados a la República Democrática del Congo y terminaron combatiendo junto al ejército de dicho país contra un grupo de rebeldes identificado como el M23.
La acusación nace de una denuncia que habían presentado 60 de estos 86 afectados ante la misma Fiscalía a finales de 2025. Estos relataron al Ministerio Público que fueron engañados para viajar al país africano, pues les dijeron que trabajarían como guardias de seguridad y que recibirían salarios arriba de los $4 mil, pero terminaron actuando como “contratistas militares privados extranjeros”,según un informe de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y no recibieron los pagos acordados.
Medios internacionales como la agencia de noticias EFE han calificado a los salvadoreños como “mercenarios”, pero según convenios internacionales ellos no entrarían como tal en esta categoría porque no fueron reclutados voluntariamente para combatir, sino que fueron llevados con engaños.
La Prensa Gráfica publicó en noviembre de 2025 que al menos 150 militares en condición de retiro y ex policías salvadoreños habían retornado de El Congo con malaria, pero no fueron reportados por las autoridades locales. Ellos formaban parte de un grupo más amplio, al menos 350 hombres, que según los expertos de la ONU fueron llevados a la República Democrática del Congo contratados por la empresa salvadoreña Importaciones de Productos Americanos, Improa S.A.
En la acusación que la Fiscalía presentó el 26 de junio señala como presuntos responsables a Juan Emilio Velasco Alfaro, administrador único propietario de Improa; Karla Mayreth Reyes Gómez, abogada y notaria que validó los contratos de los salvadoreños que viajaron al Congo. A los dos se les está acusando de los delitos de falsedad ideológica, trata de personas en modalidad de servidumbre y agrupaciones ilícitas.
Además son mencionados dentro de la denuncia otras dos personas: Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga y Julio Eduardo Magaña Cepeda, a quienes las víctimas identifican como “reclutadores”.
La Prensa Gráfica busco una versión de Velasco Alfaro a través de su correo personal en Improa, pero este aparece como fuera de servicio. También se le llamó a su número de celular y se le dejó un mensaje, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.
Mientras que Reyes Gómez sí atendió una llamada en su teléfono móvil, pero dijo que no emitiría ninguna reacción por el momento y que esperaría a conocer la acusación en el tribunal respectivo.
La forma de operar
Según los testimonios recopilados por la Fiscalía, los señalados reclutaban a ex militares y ex policías como una intermediaria de la empresa internacional Logistics and Consulting Limited (ATZ) y les ofrecían salarios de hasta $4,226 por trabajar como agentes de seguridad privada en la República Democrática del Congo.
“Nos hicieron pruebas físicas en El Cafetalón (en Santa Tecla) y exámenes médicos. Nos pidieron todo tipo de documentación y nos decían que íbamos a viajar y proteger instalaciones, incluso hablaron de algunas minas, pero únicamente como seguridad estacionaria. Pero cuando llegamos allá las cosas eran distintas”, explicó uno de los que viajó y que ahora está denunciando a los representanres IMPROA por los incumplimientos.
Cuando llegaron a la nación africana los salvadoreños eran informados que tenían que combatir junto a grupos armados. Les daban adiestramiento y los tenían amenazados de que si no cumplían con lo que les pedían no les pagarían. Los que se opusieron fueron abandonados en un cuartel en malas condiciones y muchos comenzaron a enfermarse de malaria. Fue entonces cuando los enviaron de nuevo a El Salvador.
De nuevo en el país pidieron el pago de sus honorarios por el tiempo que estuvieron en el Congo, pero Improa les ofrecía arreglos de $300 o $400 a cambio de firmar un finiquito donde se comprometían a no proceder legalmente contra la empresa. En vista de ello informaron al Ministerio de Trabajo y a la Fiscalía General de la República sobre la situación, pero aún esperan que sus casos obtengan una salida favorable.
La Prensa Gráfica también buscó la opinión de los abogados Adrián Meléndez y Francisco Garay Pineda, quienes defienden a 60 de los afectados por Improa. Meléndez dijo que celebran que Fiscalía presentara ya la acusación y que la revisarán en los próximos días para determinar los pasos a seguir, pues por ahora no hay fecha de una primera audiencia.
