La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), una agencia clave para la investigación climática estadounidense, advirtió que a partir del 31 de julio dejará de recibir imágenes satelitales críticas para monitorear huracanes, debido a una decisión del Departamento de Defensa de suspender el suministro de esos datos.
El corte estaba previsto para este 30 de junio, según reportó The New York Times (NYTimes) el 27 de junio, pero una solicitud de la NASA logró postergar la medida por un mes, informó The Guardian este lunes.
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En un comunicado, la NOAA explicó que el viernes 27 de junio, el Mando de Meteorología y Oceanografía Naval recibió una petición de Karen St. Germain, directora de Ciencias de la Tierra de la NASA, para extender el acceso a los datos del Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa hasta finales de julio.
La pérdida de estos datos ocurre en medio de una intensa temporada ciclónica en el Atlántico y como parte de una política impulsada por la administración del expresidente Donald Trump.
La NOAA anunció la interrupción del acceso a datos del Programa de Satélites Meteorológicos de Defensa (DMSP, en inglés), una herramienta esencial para prever la formación e intensificación de tormentas.
Estos datos son procesados por satélites del Departamento de Defensa de Estados Unidos y han servido por décadas a meteorólogos de todo el mundo para anticipar con mayor precisión el comportamiento de los ciclones tropicales.
La medida, según el comunicado oficial de la NOAA, responde a la necesidad de “mitigar un riesgo significativo de ciberseguridad”.
Aunque los satélites no serán desactivados, su sistema de recepción y procesamiento dejará de operar. Esto significará una pérdida sustancial en la disponibilidad de imágenes de microondas, utilizadas para observar la estructura interna de las tormentas, incluso durante la noche.
“Vamos a perder cerca de la mitad de las imágenes de microondas”, advirtió James Franklin, exjefe del equipo de huracanes del Centro Nacional de Huracanes, citado por NYTimes.
Los expertos alertan que esta decisión podría provocar que los meteorólogos tarden horas en detectar la intensificación de una tormenta, un riesgo que se agrava en un contexto de huracanes que evolucionan más rápido por efecto del cambio climático.
“El escenario de pesadilla es acostarse con una tormenta tropical y despertar con un huracán”, explicó Michael Lowry, especialista en huracanes de Florida al medio estadounidense.
NOAA prevé un 60% de probabilidades de que la temporada de huracanes en el Atlántico sea superior a lo normal.
La agencia pronostica un total de 13 a 19 tormentas con nombre propio, con vientos de 63 km/h o superiores. De ellas, se prevé que entre 6 y 10 se conviertan en huracanes, con vientos de 119 km/h o más, incluyendo entre 3 y 5 huracanes mayores de categoría 3, 4 o 5, con vientos sostenidos de al menos 179 km/h.
Además del impacto inmediato en el pronóstico, también preocupa la interrupción de una serie histórica de datos que ha contribuido a mejorar los modelos de predicción desde 1987. “Sin estos datos, se elimina el potencial para investigaciones que pueden seguir mejorando nuestras predicciones”, afirmó Lowry a NYTimes.
La pérdida afectará también a países de la región, como Costa Rica, México, el resto de Centroamérica y las naciones del Caribe, que utilizan los pronósticos estadounidenses para alertas costeras y marítimas. “Cuando los pronósticos son deficientes, se pueden perder barcos en alta mar”, señaló Franklin.
Según The New York Times, este recorte se suma a otras medidas tomadas por la administración Trump desde enero, entre ellas la reducción de personal en el Servicio Meteorológico Nacional, lo que ha llevado al cierre nocturno de algunas oficinas locales.
La medida también coincidió con un proyecto legislativo del expresidente para reducir cerca del 30% del presupuesto de la NOAA y $646 millones a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).
Tanto The Guardian como The New York Times señalan que con la temporada de huracanes en pleno desarrollo —y activa hasta el 30 de noviembre—, la comunidad científica mantiene su preocupación por el impacto que tendrá esta decisión en la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales cada vez más intensos y frecuentes.
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