“Estos migrantes están siendo trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática y aislante que agrava los daños ya sufridos y que inicialmente los llevaron a huir hacia Estados Unidos”, señalaron veinte expertos en derechos humanos en un comunicado.
De acuerdo con The New York Times e información publicada por La Nación, según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, Costa Rica ha recibido a unas 600 personas deportadas de Estados Unidos bajo ese esquema de deportación a terceros países.
Desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, asumió el cargo en enero de 2025, Washington ha firmado acuerdos con países en vías de desarrollo para que se hagan cargo de los migrantes que no pueden ser enviados legalmente a sus países.
Los expertos, entre los que se cuentan relatores especiales de Naciones Unidas sobre derechos de migrantes y sobre protección de derechos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, advirtieron que ese tipo de acuerdos está “incrementando los riesgos de tortura y malos tratos, así como de desapariciones forzadas”.
También están “vulnerando el principio consuetudinario de no devolución (non-refoulement) en países de todo el mundo que están firmando acuerdos para recibir aviones cargados de migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos”, señalaron en un comunicado.
Los expertos afirmaron que el gobierno estadounidense ya ha firmado ese tipo de acuerdos con más de 35 países, incluidos Burundi, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Libia y Sudán del Sur.
Según el grupo, al menos 23.000 ciudadanos de terceros países han sido deportados hasta ahora.
“Estos migrantes están siendo trasladados a países o territorios con los que no tienen ningún vínculo, lo que puede constituir una experiencia traumática y aislante que agrava los daños ya sufridos y que inicialmente los llevaron a huir hacia Estados Unidos”, señalaron.
“Otros son enviados a lugares donde corren el riesgo de sufrir más violencia o discriminación por motivos de género, orientación sexual, identidad de género o actividad en defensa de los derechos humanos”, apuntaron.
Los expertos independientes, mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no hablan en nombre de Naciones Unidas.
En su texto, advirtieron que los acuerdos en cuestión allanan el camino a una amplia gama de delitos, incluyendo detenciones arbitrarias, esclavitud y trata.
“Quienes enfrentan los mayores riesgos son los niños y niñas, las mujeres, las personas con discapacidad, las víctimas de trata, las personas LGBT, los defensores de derechos humanos, las personas apátridas y otras personas en situaciones de extrema vulnerabilidad”, sostuvieron.
“Para los migrantes en situaciones de especial vulnerabilidad, las consecuencias pueden ser mortales”, alertaron.
